En una reciente publicación de Voces, de la Universidad de los Andes, el profesor David Pérez-Reyna recordó un dato que debería sacudir la discusión pública: erradicar la pobreza extrema en Colombia costaría menos del 1 % del PIB. La cifra no invita a subvalorar la tarea; por el contrario, obliga a pensar con seriedad. Si el objetivo luce perfectamente viable, la pregunta es por qué no hemos sido capaces de asumirlo de forma sostenible.
A principios del siglo XX, Colombia figuraba entre las naciones más pobres de América Latina. Su PIB per cápita apenas alcanzaba el 64 % del promedio regional. En 2017, en cambio, se ubicaba cerca del 95 %. No fue un salto espectacular ni un milagro económico, sino el resultado de un crecimiento constante, hasta “aburrido”, apoyado en la prudencia fiscal que permitió evitar, con altibajos, la volatilidad de otros países que optaron por gastos desbordados, déficits persistentes, inflación elevada y crisis en sus balanzas de pagos.
El análisis del comportamiento de la región deja una enseñanza elemental. La pobreza no se derrota con consignas ni se soluciona por inercia. Se reduce cuando el país crece, genera empleo formal, atrae inversión, amplía oportunidades y dirige eficientemente el aparato estatal hacia quienes más lo necesitan. Las políticas sociales ambiciosas solo pueden sostenerse si descansan sobre una economía capaz de financiarlas.
El problema, hoy, es que Colombia presenta un deterioro fiscal preocupante. El recaudo tributario llega al 17 % del PIB, mientras el gasto público alcanza el 25 %. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima para 2026 un déficit total del 6,7 % del PIB y advierte que estabilizar la deuda exigirá un ajuste de gran magnitud. Esa realidad no puede ignorarse. Cuando el Estado gasta de manera imprudente por encima de sus ingresos, encarece el crédito, desata la inflación y, al final, castiga a los más pobres.
El nuevo gobierno tendrá que actuar con decisión y equilibrio para reducir el gasto ineficaz y aumentar los ingresos sin asfixiar la actividad productiva. El combate contra la evasión —que sobrepasa los 100 billones de pesos— constituye un recurso relevante, al tiempo que revisar exenciones y ampliar la base de contribuyentes son tareas indispensables. Es preciso cumplir la regla de oro según la cual cada peso público debe invertirse atendiendo a su capacidad para producir bienestar y no por su rentabilidad política inmediata.
Erradicar la pobreza extrema exige sensibilidad social, pero su persistencia reclama disciplina. Colombia necesita incrementar su ritmo de crecimiento, ordenar sus finanzas y recuperar la confianza. La estabilidad fiscal no es enemiga de la justicia; por el contrario, es una de las condiciones que permiten acompañar la solidaridad con resultados duraderos.
