Publicado por: Editorial
El veredicto del Tribunal Administrativo de Santander, que transfiere la custodia del Parque de Mejoras Públicas a la Alcaldía de Bucaramanga, cierra, por ahora, un debate que se había mantenido durante décadas y que, por esta vía judicial, parece encontrar, por fin, una conclusión definitiva. Pero, si esto es así, la batalla que continúa estará en el compromiso diario que el municipio tendrá que asumir para garantizar que este espacio no solo se preserve, sino que se fortalezca como el baluarte ecológico que la ciudad necesita.
El Parque de Mejoras Públicas es una fábrica de oxígeno en uno de los puntos más contaminados de la meseta, por estar entre la carrera 27, la carrera 33 y la avenida La Rosita, vías de tránsito pesado que envenenan el aire que respiran miles de personas en su entorno y sobre el que este bosque urbano actúa como un filtro natural, además de ser un regulador térmico ideal, lo que lo convierte en un elemento fundamental para la salud ambiental del centro-oriente de la meseta.
Pero el paso de la Sociedad de Mejoras Públicas a la Alcaldía entraña el temor de que, en lo sucesivo, el parque se considere una carga administrativa más, y no un activo ambiental que requiere atención especializada y un presupuesto acorde con su valor intrínseco. No se trata simplemente de abrirlo al público; se necesita un plan riguroso que contemple el mantenimiento botánico, la seguridad perimetral y la renovación del mobiliario, aspectos que no pueden ser descuidados, so pena de provocar un rápido deterioro.
La comunidad ha luchado durante años por el reconocimiento del carácter público de este espacio, reclamando su derecho al goce de un ambiente sano y al esparcimiento en un lugar abierto y gratuito. Ese anhelo, ahora materializado por un fallo judicial, debe ser honrado por la Alcaldía con hechos concretos, como una inversión decidida y la designación de técnicos y expertos en jardinería, biología y silvicultura que aseguren la perpetuidad de su ecosistema. Para ello, cada árbol y cada especie de fauna que habita allí merecen un plan de manejo que garantice su supervivencia.
Son cada vez menos los reductos arbolados en la meseta de Bucaramanga, por lo que perder o dejar que se deteriore el Parque de Mejoras Públicas sería un hecho imperdonable y, literalmente, un golpe mortal a la salud y la calidad de vida de los residentes del sector. La administración municipal tiene la palabra y, lo que es más importante, la obligación de demostrar que la gestión pública puede ser sinónimo de excelencia y de respeto por la naturaleza en medio del complejo urbano.
En pocas palabras, el Parque de Mejoras Públicas debe convertirse en un proyecto de ciudad, una bandera del compromiso ambiental que trascienda los gobiernos de turno. En manos del Municipio, su destino debe ser el de un espacio ejemplar, cuidado con el rigor que merece un monumento natural, para que las futuras generaciones entiendan los beneficios de proteger el ambiente. Por esto, no se puede permitir que el paso del tiempo y la falta de recursos conviertan esta victoria judicial en una derrota ecológica y urbanística.
¡Tras décadas de incertidumbre, la comunidad merece un parque en condiciones óptimas, seguro y exuberante, que cumpla a cabalidad su función de refugio verde en medio de la polución y el caos vehicular. La Alcaldía, al recibir esta administración, recibe también la confianza y la vigilancia de una ciudad que clama por aire puro y espacios dignos, pero, además, es de esperar que este caso sea el punto de partida para una nueva política de recuperación de los parques de Bucaramanga, en la que la naturaleza y el bienestar ciudadano sean la prioridad máxima y el legado más valioso.
