Miles de campesinos y propietarios de las zonas rurales protestan en diferentes puntos del país en contra de los exagerados aumentos en el impuesto predial por la aplicación del Catastro Multipropósito (CM). Sin duda es difícil perder un pasaje a causa de un bloqueo, pero también hay que preguntarse lo que sería para un campesino perder su parcela a causa de un impuesto. Entonces, ¿cuál es el origen del CM y quién impulsa su implementación?
El CM obedece a una de las “recomendaciones” que la OCDE hizo para ingresar a esta organización. En al menos tres documentos estratégicos le pide al país “modernizar el castro rural” y “actualizar su inventario de tierras para aumentar el recaudo de impuestos locales”. El CM se adoptó durante el gobierno de Santos, fue acogido por el Acuerdo de la Habana e inició su implementación con recursos de un crédito con el Banco Mundial y el BID por 100 millones de dólares.
En palabras de Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación en el gobierno de Petro “Es el momento para que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se modernice y actualice los catastros, de tal manera que el impuesto predial aumente”. No puede ahora el gobierno hacerse el loco.
La medida sigue la lógica neoliberal aupada por el Fondo Monetario Internacional de priorizar los impuestos nacionales para pagar la deuda pública, reduciendo las transferencias a las regiones y forzando a los municipios a aumentar los impuestos de su competencia.
Los incrementos que van hasta el 1000 % se explican por artículo 49 del actual Plan Nacional de Desarrollo que permite “por una sola vez realizar un ajuste automático de los avalúos catastrales de todos los predios del país”, exceptuando los predios que se hayan actualizado en los últimos cinco años y los que se encuentran en proceso de hacerlo.
Santander es uno de los departamentos con mayor tradición de pequeña propiedad, por eso no es extraño que las protestas tengan su epicentro en esta región donde 60 municipios aplicaron el “rezago catastral”. De los 345.000 predios rurales del departamento el 62,2 % es menor de 3 hectáreas y el 21,8 % está entre 3 y 10 ha, es decir que el 84% son micro y minifundios. Así lo evidenció el senador Fuelantala: “como con la gasolina, el presidente Petro dice que esto no afecta a los pobres. No es verdad pues el 98 % de los predios afectados son de pequeña propiedad rural” https://bit.ly/3Q26CRc
El gobierno de Petro debe derogar la Resolución 2057 de 2025 como lo exige la Veeduría Nacional del CM y concertar con propietarios y municipios una forma equilibrada de llevar a cabo la actualización.
