El pasado 8 de abril, fueron presentados los resultados de la encuesta “Cuidar la Democracia”, en un evento liderado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con el fin de conocer la radiografía de cómo perciben los ciudadanos el funcionamiento de la democracia y cómo puede fortalecerse.
Los resultados son contundentes y dan cuenta de los retos que como país enfrentamos en esta materia. El 62% de los encuestados cree que la democracia en Colombia se ha debilitado, lo cual no significa necesariamente rechazo a la democracia como modelo, (la mayoría sigue creyendo en el valor del voto como esperanza de un cambio), más bien, representa una crítica necesaria a sus resultados, instituciones y prácticas.
Como era de esperarse, la corrupción es el factor que más influye en la percepción de declive de la democracia, y no es para menos, teniendo en cuenta que de acuerdo con los resultados de la encuesta Invamer 2025, el 83% de los encuestados considera que la corrupción está empeorando, mientras en la encuesta realizada por AtalsIntel (marzo 2026), afirma que este flagelo es el principal problema nacional con un 76%.
A nivel local, la situación es igualmente preocupante. Según la encuesta de percepción ciudadana 2025 del programa “Bucaramanga Cómo Vamos”, el 54,6% considera que la corrupción en el área metropolitana ha empeorado, mientras que la confianza en la alcaldía apenas llega al 24%.
Así, los datos reflejan que cuando la ciudadanía percibe que la corrupción aumenta, la credibilidad en las instituciones democráticas se debilita y el respaldo ciudadano a sus decisiones se reduce.
Un dato llama la atención: ante la pregunta “¿quién es responsable de cuidar la democracia?”, el 70 % considera que el responsable es el Gobierno Nacional.
Sin embargo, los ciudadanos no podemos desligarnos de responsabilidad. Democracia, no es únicamente el derecho a elegir gobernantes; es también el deber de vigilar su actuación, exigir rendición de cuentas y participar en los asuntos públicos.
Por ello, como ciudadanos, es necesario reconocernos como actores protagonistas del sistema democrático, con el derecho y el deber de participar, no solo a través del voto, también mediante el ejercicio del control social a la gestión pública, informándose responsablemente sobre los temas de interés público y activando los múltiples mecanismos de participación ciudadana.
Cuando la ciudadanía asume la corresponsabilidad en el cuidado de lo público, aumenta la transparencia y mejora la calidad de las decisiones colectivas.
La participación informada, el control social, la exigencia de transparencia y el compromiso con los asuntos públicos, fortalecen las barreras frente a la corrupción y cuando los ciudadanos asumen este rol de manera activa y responsable, no solo protegen sus derechos, sino que también se fomenta instituciones más abiertas y una gestión pública más eficiente.
