Colombia necesita una política de vivienda que aterrice en la vida real: suelo, crédito, ahorro, construcción formal, servicios públicos, seguridad jurídica y capacidad de pago. Por eso, al comparar las propuestas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, la diferencia no está solo en el tono ideológico, sino en la relación de cada programa con la realidad económica del país.
La propuesta de Abelardo parte de una idea simple y poderosa: convertir a Colombia en un país de propietarios, facilitando crédito de vivienda a largo plazo, con tasas bajas y condiciones que permitan a las familias comprar su casa; obviamente, requerirá de una reglamentación técnica complementaria, en donde se precise fuentes de financiación, subsidios a la tasa, focalización, garantías, articulación con bancos, cajas de compensación, constructores y municipios; pero su punto de partida es correcto: la vivienda se resuelve fortaleciendo la propiedad, la financiación, la inversión privada y la construcción formal.
El programa de Cepeda, en cambio, se mueve en el lenguaje vaporoso de la “revolución urbana”. Habla de hábitat, centros urbanos, vivienda no segregada, participación comunitaria y autoconstrucción. Todo suena bien en el papel, como suelen sonar las promesas del actual gobierno Petro: grandes palabras, mucha épica social y poca ingeniería institucional. El problema es que la vivienda no se construye con consignas; se construye con licencias, diseños, normas técnicas, financiación, urbanismo serio, interventoría, redes de servicios públicos, empresas constructoras, trabajadores formales y compradores con capacidad de pago.
El punto más preocupante es que Iván Cepeda pretende elevar la autoconstrucción a política de Estado. Lo presenta como una solución social, pero, en el fondo, puede significar algo mucho más grave: que el Estado renuncie a garantizar vivienda digna, segura y técnicamente construida, y termine trasladándoles a las familias más pobres la carga de levantar, como puedan, su propia casa. En época electoral, además, la autoconstrucción se presta para el clientelismo: entrega de materiales, promesas de ayuda, comités comunitarios convertidos en maquinaria política y viviendas utilizadas como instrumento de dependencia. En nombre del pueblo, se puede terminar comprando lealtad, no construyendo ciudad.
La vivienda informal, sin acompañamiento riguroso, produce edificaciones vulnerables, ampliaciones improvisadas, malas cimentaciones, deficiencias estructurales, baja calidad urbanística y mayores riesgos frente a sismos, lluvias, incendios o deslizamientos. Colombia ya conoce las consecuencias de crecer sin planeación: barrios desconectados, zonas de riesgo, informalidad predial y familias atrapadas en viviendas que no cumplen condiciones mínimas de seguridad.
Frente a eso, el sector formal de la construcción ofrece algo que no puede despreciarse: empleo, calidad técnica, cumplimiento normativo, acceso a crédito, garantías, responsabilidad profesional, licencias, urbanismo y generación de valor. La política pública debe corregir fallas del mercado, no sustituir al constructor por improvisación comunitaria.
Por eso, entre los dos programas, el de Abelardo es el más cercano a la realidad. El de Cepeda, en cambio, repite el libreto etéreo del petrismo: mucho relato, poca estructura y un peligroso romanticismo de la informalidad.
