Hablar hoy del Catatumbo es hablar de una tragedia humanitaria donde las principales víctimas no son cifras, sino nuestros niños. Mientras el Gobierno de Gustavo Petro hablaba de “paz total”, las disidencias de las FARC y el ELN se fortalecían, se disputaban el territorio y convertían a los niños del Catatumbo en el botín de su guerra. Hoy esa región ya no se define por sus riquezas naturales, sino por las promesas incumplidas de un Gobierno que les dio la espalda a quienes más necesitaban ser protegidos.
La gran promesa del Gobierno fue transformar el Catatumbo para que los niños y los jóvenes dejaran de tener como único horizonte la violencia. Prometieron educación, oportunidades y un futuro distinto para impedir que terminaran en las filas de los grupos armados. El símbolo de esa apuesta era la Universidad del Catatumbo, en El Tarra. Cuatro años después, lo que inauguraron fue apenas un cascarón de cemento: estructuras prefabricadas sin agua, sin luz y sin condiciones para funcionar. Donde prometieron construir oportunidades, terminaron dejándoles el camino libre a los violentos para seguir reclutando a toda una generación.
El impacto de esta guerra es devastador. Más de 1.100 niños llevan meses sin poder asistir a clases porque los grupos armados sembraron minas antipersona en los alrededores de al menos 17 escuelas rurales. En municipios como Sardinata, el terror llega en drones cargados de explosivos que estallan cerca de los pupitres, mientras más de 500 docentes han debido huir por amenazas. Sin escuelas, sin maestros y sin oportunidades, los niños quedaron a merced de los criminales.
Las consecuencias están a la vista. En Colombia, el reclutamiento forzado de niños y adolescentes ha aumentado más de un 300 %. La propia Defensoría del Pueblo ha advertido, además, que existe un amplio subregistro, por lo que la verdadera dimensión de esta tragedia podría ser aún mayor.
En el Catatumbo, la Fiscalía imputó a tres cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las FARC por homicidio, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores de edad, utilizados directamente en las hostilidades. Esa es la verdadera cara de una guerra que el Gobierno prometió evitarles a nuestros niños y terminó dejándolos a merced de los violentos.
Pero lo más grave quedó plasmado en el acuerdo suscrito durante la mesa de diálogos con el ELN. Los negociadores del Gobierno —entre ellos el senador Iván Cepeda— optaron por acoger el estándar mínimo del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, que prohíbe expresamente el reclutamiento de menores de 15 años, en lugar del estándar del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual prohíbe de manera absoluta el reclutamiento y la utilización en hostilidades de menores de 18 años por grupos armados ilegales. Esa pirueta jurídica terminó dejando en una inaceptable zona gris la protección de los adolescentes entre los 16 y los 18 años, ignorando el bloque de constitucionalidad y los compromisos internacionales asumidos por Colombia.
El resultado es imperdonable. Mientras en el papel se rebajaba el estándar de protección de nuestros niños y adolescentes, en el territorio los grupos armados seguían arrebatándoles su infancia. Con escuelas minadas, drones sobrevolando los salones y una universidad convertida en símbolo del abandono, el Catatumbo es hoy la prueba más dolorosa del fracaso de un Gobierno que abandonó a quienes más debía proteger.
