En varias oportunidades he escrito sobre la enorme responsabilidad que tienen quienes toman decisiones públicas. Gobernar no consiste en anunciar medidas que suenan bien en una rueda de prensa. Gobernar consiste en entender sus consecuencias. Cada decisión produce una cadena de efectos que, tarde o temprano, termina impactando la vida de millones de ciudadanos.
Ese ha sido, quizás, el mayor error del gobierno que está por terminar. La ausencia de rigor técnico ha llevado a privilegiar decisiones populares sobre decisiones responsables. El resultado está a la vista.
Se aumentó el salario mínimo en un 23,7 % con la intención de proteger el ingreso de los trabajadores. La consecuencia fue un mayor costo laboral, mayores presiones inflacionarias y más dificultades para generar empleo formal.
Se prohibió la exploración de hidrocarburos con el propósito de acelerar la transición energética. La consecuencia fue debilitar una de las principales fuentes de exportaciones, regalías e ingresos fiscales del país, afectando incluso el valor de Ecopetrol, empresa de la que dependen buena parte de las finanzas nacionales.
Se desmontó Mi Casa Ya bajo el argumento de que beneficiaba a quienes más tenían. La consecuencia fue frenar el programa de vivienda más exitoso de la historia reciente y cerrar la puerta para que cerca de sesenta y seis mil familias al año pudieran acceder a una vivienda propia.
Más recientemente aparecieron las Zonas de Reserva Temporal. Invocando el principio de precaución, se restringieron miles de hectáreas sin culminar adecuadamente los procesos de participación y concertación con las comunidades que viven en esos territorios. La protección ambiental exige decisiones responsables, pero también respeto por el debido proceso y por quienes dependen de esas actividades para construir su proyecto de vida.
El caso más reciente es el nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado. La intención anunciada fue reducir las tarifas para aliviar el bolsillo de los usuarios. Sin embargo, al imponer nuevas obligaciones, mayores inversiones y estándares más exigentes, sin la gradualidad necesaria para su implementación, el resultado terminó siendo exactamente el contrario. Las empresas tuvieron que incrementar las tarifas para cumplir una regulación diseñada sin medir adecuadamente sus efectos.
Las buenas intenciones nunca han sido suficientes para construir política pública. Las decisiones deben evaluarse por sus resultados, no por sus discursos. Un buen líder debe ser capaz de medir las consecuencias.
Millones de colombianos respaldaron este proyecto político irresponsable. Algunos seguirán defendiendo cualquier decisión desde la ceguera ideológica. Espero que, para los demás, estos cuatro años hayan dejado una lección mucho más valiosa: en política, como en la vida, toda decisión tiene consecuencias. Cuando esas decisiones afectan el futuro de un país, el rigor técnico deja de ser una opción y se convierte en una obligación.
