La visita del presidente electo Abelardo de la Espriella a Bucaramanga, como parte de su gira de empalme con las regiones, bajo la premisa de fortalecer la descentralización territorial en simultáneo con un programa de ajuste fiscal, ofrece la oportunidad de abrir un debate que Colombia ha postergado. Más allá de la agenda de proyectos y las reuniones, es el momento para preguntarnos si regiones como Santander están preparadas para asumir la descentralización que el gobierno entrante ha planteado como uno de los pilares de su modelo de país.
Cada cuatro años, con el cambio de gobierno, revive el mismo ritual. Gobernadores, alcaldes y representantes del sector privado presentan al nuevo presidente un listado de proyectos y necesidades con la expectativa de obtener financiación nacional. La práctica es legítima y, ante el atraso que vive la región, necesaria; sin embargo, evidencia una cultura política que perpetúa el centralismo al entender el desarrollo como una responsabilidad de Bogotá y no como el resultado de la capacidad institucional de los propios territorios.
La Constitución de 1991 transformó a Colombia en un Estado descentralizado, reconociendo la autonomía de las entidades territoriales para gestionar sus intereses y administrar sus recursos bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Desde entonces, numerosas reformas han buscado fortalecer las competencias locales. Sin embargo, aún hoy, las regiones continúan esperando que las principales soluciones provengan del Gobierno nacional.
La descentralización no consiste en transferir recursos. Tampoco puede confundirse con el federalismo. Es un proceso de organización del Estado que implica trasladar competencias, funciones, recursos y obligaciones desde el gobierno central para que los problemas públicos sean resueltos desde el territorio. No es un fin, sino un medio que exige instituciones fuertes, disciplina fiscal, planeación de largo plazo y dirigentes capaces de responder por sus decisiones. No puede reclamarse autonomía sin asumir la responsabilidad que ella implica.
Metrolínea representa uno de los ejemplos de la excesiva dependencia del centralismo. La Nación aportó la mayor parte de los recursos para su infraestructura mediante los convenios de cofinanciación, mientras que la administración, la planeación y la operación del sistema correspondían a las autoridades territoriales. Hoy, con estaciones abandonadas, infraestructura deteriorada y un sistema colapsado, el debate se centra en exigir una solución desde el Gobierno nacional, cuando las respuestas deben construirse desde lo local.
Si el presidente electo quiere impulsar una verdadera descentralización, las regiones también deberán cambiar su manera de relacionarse con el poder central. La discusión no puede limitarse a cuánto dinero llegará desde Bogotá, sino a cómo fortalecer la capacidad de gobernar, planear y financiar el desarrollo desde los territorios. Esa es la conversación más importante que debería dejar la visita del nuevo presidente a Santander.
