El discurso del Gobierno frente a la migración irregular ha terminado convirtiéndose en una peligrosa narrativa de victimización. Cada vez que un colombiano es deportado por haber ingresado ilegalmente a otro país, el Ejecutivo reacciona como si el problema fuera la aplicación de la ley y no su incumplimiento. El mensaje que transmite es profundamente equivocado: que las normas migratorias son opcionales y que quien decide violarlas merece ser presentado como víctima.
Ese relato no solo distorsiona la realidad, sino que también puede terminar costando vidas.
Lo primero que debemos hacer es distinguir situaciones completamente diferentes. No es lo mismo quien se ve obligado a abandonar su país por un conflicto armado, una persecución o una amenaza real contra su vida. El derecho internacional reconoce mecanismos de protección para esas personas. Muy distinto es el caso de quien decide emigrar por otras razones e ingresar o permanecer en otro país incumpliendo sus leyes migratorias. Confundir ambos escenarios no ayuda a nadie; al contrario, desdibuja la protección que merecen quienes realmente la necesitan y normaliza la idea de que violar las leyes migratorias carece de consecuencias.
Las leyes existen para cumplirse. Quien decide ingresar irregularmente a otro país sabe —o debería saber— a qué se expone. La deportación es la consecuencia prevista por la legislación del país al que intentó entrar. Punto. Defender ese principio no es falta de humanidad: es reconocer que ningún Estado puede renunciar a controlar sus fronteras ni a hacer cumplir sus normas.
Que Colombia rechace cualquier abuso contra un connacional en el exterior —y, con mayor razón, cuando se trata de la pérdida de una vida— es una obligación del Estado. La defensa de los derechos humanos no admite excepciones. Pero una cosa muy distinta es utilizar esas tragedias para normalizar la migración irregular o presentar como víctima de una injusticia a quien decidió incumplir las leyes migratorias de otro país. Exigir un trato digno para los colombianos nunca puede convertirse en un pretexto para desdibujar la responsabilidad individual ni para ocultar los riesgos y las consecuencias de la ilegalidad.
Pero la migración irregular no comienza únicamente en las trochas. También existe cuando una persona ingresa legalmente a otro país y, una vez vence el tiempo autorizado para permanecer allí, decide quedarse incumpliendo las normas migratorias. Algunos logran establecerse y trabajar, pero siempre viven bajo la incertidumbre permanente de una deportación. Esa posibilidad no es una injusticia ni una persecución: es una consecuencia conocida desde el momento en que decidieron permanecer ilegalmente. Quien opta por violar las reglas de otro país no puede sorprenderse cuando ese país decide hacerlas cumplir.
Lo verdaderamente incomprensible es que el Gobierno prefiera convertirse en defensor permanente de quienes incumplen la ley, en lugar de emprender una gran campaña de pedagogía sobre los riesgos reales de la migración irregular.
¿Por qué no les cuentan a los colombianos el infierno que representan las trochas? ¿Por qué no hablan de las organizaciones criminales que convierten el sufrimiento humano en un negocio multimillonario? ¿Por qué no advierten que miles de personas son engañadas con falsas promesas para terminar en manos de redes dedicadas a la trata de personas?
La realidad dista mucho del relato romántico que algunos intentan construir. A los migrantes los hacinan durante días en camiones sin ventilación, sin agua suficiente y casi sin alimentos. Son víctimas de extorsiones, robos y secuestros. Muchas mujeres sufren violencia sexual durante el recorrido y familias enteras son abandonadas en zonas desérticas o selváticas cuando ya no representan un negocio para los traficantes. Para esas mafias, la vida humana vale menos que el dinero que pueden obtener de ella.
La tragedia ocurrida el 27 de junio de 2022 en San Antonio, Texas, debería permanecer grabada en la memoria colectiva. Cincuenta y tres migrantes murieron asfixiados dentro de un tráiler convertido en un horno de metal bajo temperaturas extremas. Entre ellos había menores de edad. Desesperados, golpeaban las paredes mientras el oxígeno se agotaba lentamente. Murieron abandonados por quienes les habían prometido una oportunidad de llegar a Estados Unidos. Fue la consecuencia previsible de entregar la propia vida a organizaciones criminales que trafican con seres humanos.
Por eso resulta tan preocupante que, desde el Gobierno, el énfasis esté puesto casi exclusivamente en condenar las deportaciones, mientras guarda silencio frente al verdadero drama que viven quienes emprenden ese camino. La compasión no consiste en alimentar falsas expectativas ni en minimizar las consecuencias de violar las leyes de otro país. La verdadera solidaridad consiste en decir la verdad, por dura que sea, antes de que alguien tome una decisión que pueda costarle la vida.
Colombia necesita un Gobierno que deje de enviar mensajes ambiguos sobre la migración irregular y empiece a hablar con absoluta claridad. Que explique que las leyes de otros países existen para cumplirse, no para ignorarse. Que advierta que las trochas no conducen al sueño prometido; demasiadas veces terminan en explotación, violencia, desapariciones, deportaciones o muerte. Defender la legalidad no es falta de humanidad; es la única manera de evitar que más personas caigan en manos de las mafias o construyan su futuro sobre una ilegalidad que siempre tendrá consecuencias.
Menos victimización y mucha más pedagogía. Porque, cuando un Gobierno prefiere el discurso político antes que advertir sobre los peligros reales, también termina contribuyendo a que muchas personas subestimen los riesgos de la migración irregular y paguen un precio demasiado alto por esa decisión.
