Esta semana se supo que el municipio de Bucaramanga, por vía de conciliación, hizo el pago para indemnizar los perjuicios causados a siete de los dieciséis funcionarios cuyo nombramiento fue declarado insubsistente durante el breve periodo en que Javier Augusto Sarmiento Olarte se desempeñó como alcalde encargado.
Se estima que los pagos superarán los 500 millones de pesos. La cuenta apenas comienza.
Los servidores públicos responden por infringir la ley, o por omitir o extralimitarse en sus funciones, y el Estado tiene el deber de pagar los daños que estos causen. Eso explica por qué el municipio de Bucaramanga debe asumir el costo de las equivocaciones de sus funcionarios.
Los responsables del daño, empezando por Sarmiento Olarte, no deben estar muy tranquilos. El municipio tiene la obligación de presentar las demandas de repetición para que asuman con su pecunio el costo de las indemnizaciones. Como si eso fuera poco, en los órganos de control y en la Fiscalía General de la Nación deben estar cursando los procesos para deducir su responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria. No la tienen fácil.
No hay forma de que eludan su responsabilidad. Va a ser difícil, muy difícil, que desvirtúen el dolo o la culpa grave con que actuaron. Las advertencias sobre la ilegalidad de lo que terminaron haciendo abundaron. No quisieron atenderlas. La insensatez les va a salir costosa.
Sarmiento Olarte no tiene forma de salir indemne de este episodio. Se inventó la tesis de que las prohibiciones de la ley de garantías no se aplicaban en las elecciones atípicas y hasta tuvo el arrojo de desconocer una circular que expidió el procurador general de la Nación, su jefe hasta antes del encargo; el mismo que le faltó a la hora de firmar las resoluciones con las que declararon las insubsistencias. Optó por encargarle la tarea al entonces secretario del Interior. Con seguridad va a escurrir el bulto diciendo que, por efecto de la delegación, la responsabilidad recae en su subalterno; pero la normativa le imponía el deber de supervisar, orientar y hacer seguimiento a las funciones de las que se despojó temporalmente. Incluso, podía reasumirlas en cualquier momento, revisarlas, reformarlas y revocarlas, si era necesario. Tuvo oportunidad de hacerlo y no lo hizo. No fue capaz. La soberbia le ganó la partida.
En octubre de 2024, por otra declaración de insubsistencia, escribí que una decisión errada, por cuenta de un fallo judicial y de la homofonía, podía convertirse en una decisión “herrada”. El tiempo me dio la razón antes de lo que imaginé. Resta esperar que con lo que el municipio recoja por vía de la repetición alcance, al menos, para unas enjalmas. Les van a hacer falta.
