El terremoto del pasado lunes volvió a recordarnos que Colombia no puede limitar su gestión del riesgo a atender emergencias y reconstruir lo destruido. El Gobierno ha puesto en marcha una articulación con constructores, entidades territoriales, cajas de compensación, sector financiero y organismos internacionales para recuperar las zonas afectadas. La urgencia de hoy, sin embargo, debería conducir a una decisión de más largo alcance.
Colombia es un país sísmicamente activo por la compleja interacción de placas tectónicas. Los sismos no pueden predecirse ni evitarse; aunque sí es posible reducir sus consecuencias mediante el conocimiento del territorio, mejores construcciones y una vigilancia rigurosa del cumplimiento de las normas.
La NSR-10, adoptada en 2010, fijó exigencias de construcción sismorresistente que han significado un avance. Persiste, no obstante, una enorme vulnerabilidad por la proliferación de construcciones de origen informal. Documentos técnicos del Ministerio de Vivienda señalan que tres de cada cinco viviendas son edificadas sin licencia. De nada sirve la norma si la mayor parte de las estructuras se levantan desconociendo su existencia. A ello se suma el reto de evaluar y reforzar todas las construcciones existentes, con anterioridad a su expedición, especialmente aquellas que concentran intensa afluencia de personas y uso.
Otro frente inaplazable que estableció la NSR 10 son los estudios de microzonificación sísmica. El ingeniero Jaime Suárez Díaz ha insistido desde tiempo atrás en la necesidad de su ejecución para el área metropolitana de Bucaramanga, Barrancabermeja y San Gil. Estos estudios permitirían afinar las exigencias estructurales a los riesgos de cada territorio, conforme a los notables avances tecnológicos alcanzados en materia de sismicidad en los últimos tiempos. Su financiación, calculada en $ 18.000 millones debería figurar entre las prioridades de inversión de Santander y su ejecución podría estar a cargo de las escuelas de Ingeniería Civil y Geología de la UIS.
Colombia cuenta con un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Se impone que en la declaratoria de emergencia, en proceso, se reforme a fondo la entidad y se establezca un programa permanente y especializado de reducción del riesgo sísmico. Italia ofrece una experiencia útil. Después del terremoto de Abruzzo de 2009 creó un fondo nacional para financiar estudios de microzonificación y reforzamiento estructural, acompañado por incentivos fiscales para intervenciones antisísmicas en edificaciones privadas.
Prevenir cuesta, pero reconstruir cuesta mucho más. Y ninguna cifra puede medir el valor de una vida perdida. El desafío sísmico exige controlar la construcción informal y aplicar con rigor el conocimiento técnico que permita establecer una normatividad competente. La responsabilidad corresponde al Estado, pero compromete también a quienes diseñamos y construimos.
La tierra volverá a moverse. Lo que no debería repetirse es nuestra imprevisión.
