El Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, FOREC, fue creado cinco días después del terremoto del 25 de enero de 1999. Su modelo descentralizado permitió ejecutar buena parte de la reconstrucción mediante gerencias zonales confiadas a organizaciones privadas y comunitarias, con autonomía para imprimir agilidad y reducir la interferencia política.
El Gobierno ha anunciado que el Fondo Milagro, destinado a atender los efectos del terremoto del pasado 10 de agosto, tomará como referencia aquella experiencia. La intención es recoger sus aciertos y corregir sus errores, aunque falta conocer con precisión la estructura operativa que conducirá una inversión que supera los treinta billones de pesos.
Esa definición exige agilidad, pero también responsabilidad. Uno de los cuestionamientos al FOREC estuvo relacionado con intervenciones apresuradas sin disponer de estudios concluyentes sobre su conveniencia. El informe El Forec como “modelo” de intervención del Estado, publicado por la Universidad Nacional en 2003, reconoció la eficiencia en la ejecución, pero también resaltó dificultades en la participación comunitaria y efectos indeseados sobre el mercado del suelo.
Por eso resulta acertada la decisión de la UIS de participar con un equipo técnico de profesores de la Escuela de Ingeniería Civil en la caracterización de las edificaciones afectadas. Antes de demoler, reforzar o reconstruir es indispensable conocer con rigor el estado de cada estructura y las condiciones del terreno. La urgencia no puede convertirse en improvisación.
La experiencia del Eje Cafetero dejó otra enseñanza. Reconstruir no consiste únicamente en levantar lo destruido. Las decisiones sobre vivienda, infraestructura y suelo transforman ciudades y pueden trasladar beneficios hacia intereses distintos de los damnificados. De allí la necesidad de involucrar desde el comienzo a las autoridades territoriales y brindar a las comunidades información suficiente sobre las medidas que modificarán su entorno.
El Decreto 1261 del 19 de agosto reconoce que la reconstrucción llega en medio de una crisis fiscal que califica como sin precedente. Estima el déficit en 7,8 % del PIB y admite que los recursos presupuestales ordinarios son insuficientes. Aclara, sin embargo, que esta no es la causa de la emergencia ni puede corregirse mediante facultades excepcionales. También sostiene que los mecanismos vigentes no permiten responder con la rapidez exigida y prevé remover temporalmente barreras legales en materia contractual.
Esa flexibilidad resulta necesaria, pero no puede confundirse con ausencia de planeación o debilitamiento de los controles. Antes de comprometer los cuantiosos fondos de la reconstrucción conviene culminar la caracterización técnica, acordar prioridades con las autoridades locales y establecer mecanismos que impidan que la especulación del suelo o intereses particulares capturen beneficios destinados a quienes lo perdieron todo. Reconstruir rápido será importante. Reconstruir bien lo será aún más.
