Frente al rumor de la salida de Colombia de la Corte Penal Internacional, me cuento entre quienes sostienen que esta decisión no es del resorte exclusivo del presidente y que no es simplemente cuestión de redactar una carta al secretario general de la ONU denunciando el Estatuto de Roma.
Como decía mi profesor de Derecho, las cosas se deshacen como se hacen. Y es que para la incorporación de Colombia a la CPI fue necesaria la concurrencia de los tres poderes del Estado. Para que el gobierno de Andrés Pastrana pudiera ratificar el Estatuto de Roma el 5 de agosto de 2002, fue necesaria la aprobación por el Congreso del Acto Legislativo 02 de 2001, mediante el cual se adicionó el artículo 93 de la Constitución y se habilitó al Estado colombiano para reconocer la jurisdicción de la CPI. A ello se sumó la aprobación del Estatuto mediante la Ley 742 de 2002 y la Sentencia C-578 de 2002, mediante la cual la Corte Constitucional declaró su exequibilidad.
Pero si jurídicamente parece claro que el presidente no puede actuar de manera unilateral, lo que no está explicado son las razones de esta decisión ni sus beneficios para el país.
En cuanto a lo primero, creo que no solo se trata de secundar el cerco a la CPI por parte del extremista Gobierno de Trump, decidido a cobrarle su determinación de librar órdenes de captura contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
La salida de Colombia de la CPI dejaría fuera de su jurisdicción, eventuales crímenes cometidos en nuestro territorio por tropas estadounidenses, justo ahora que se habla de operaciones conjuntas en las que tendríamos a soldados gringos “pateando puertas”, bombardeando y combatiendo hombro a hombro con nuestros militares en regiones como el Catatumbo. Tal y como ya está sucediendo en Ecuador, en provincias como Esmeraldas y Manabí. Si bien ni Estados Unidos ni Israel ratificaron el Estatuto de Roma, la CPI puede ejercer jurisdicción sobre determinados crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte, como Colombia.
Por último, sin que estén claros los beneficios y los objetivos de semejante decisión, no tengo duda de que la salida de Colombia de la CPI no pondría en riesgo su existencia. Pero la aparente voluntad de De la Espriella de sumarse a la intención de Trump de desmantelarla, así como el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, socavan gravemente la tradición colombiana de respeto al derecho internacional, erosionando tanto la Constitución de 1991 como nuestro soft power internacional.
Sería paradójico que este gobierno, siguiendo los pasos de Venezuela, que anunció en julio su retiro de la CPI, ponga a Colombia en el reducido grupo de naciones empeñadas en boicotear la justicia internacional.
En todo caso, con o sin Colombia, habrá CPI para rato.
