Varias veces he venido insistiendo en que un objetivo sin plan es solo un deseo. Recibimos esta semana anuncios sobre el sistema de transporte masivo para el área metropolitana que podrían ser halagüeños, pero no vemos un plan formulado, ni datos concretos, ni control de riesgos que permitan potenciar el entusiasmo. La triste experiencia de Metrolínea exige, antes de alegrarnos con los fuegos artificiales, verificar que nadie se va a quemar en el espectáculo.
Lo primero que me sorprendió fue enterarnos que Bucaramanga tenía una presunta deuda con la Nación en cumplimiento del Convenio de Cofinanciación suscrito en 2005. Según recuerdo, el convenio establecía inversiones y garantías con la pignoración de las rentas municipales y todos los municipios habían aportado lo allí establecido. La deuda no estaba en la contabilidad, ni los órganos de control nacionales o locales lo habían registrado antes.
La segunda sorpresa está en el anuncio en redes sociales donde el alcalde asegura que acordaron modificar el convenio para que la Nación financie la adquisición de buses, aunque el comunicado de Metrolinea solo menciona buscar alternativas para ello en el Plan de Desarrollo. No se dice cuantos ni de que capacidad, pero el mensaje indica que serían públicos, lo cual es algo relativamente arriesgado porque no tenemos quien los opere. Metrolínea es un ente gestor no una empresa de transporte habilitada, entonces ¿La opción sería constituir una empresa pública de transporte, cuya viabilidad no conocemos?
Comentando con amigos que han dirigido BRTs en Colombia coinciden que el tema es complejo y que en sus ciudades todos los buses son de propiedad de empresas privadas de transporte o de fondos de capital que ponen a disposición de las empresas los vehículos y reciben un fee por su uso. Ese es el modelo de negocio más común en el mundo. La administración del material rodante definitivamente es más fácil en manos privadas, pero lamentablemente ya no tenemos operadores porque los contratos terminaron, así que lo procedente sería abrir otra licitación pública para buscar el operador idóneo.
De cualquier manera, es imperativo revisar la matriz origen – destino y proponer un nuevo modelo técnico y financiero que supere las dificultades del diseño inicial porque no podemos repetir los errores. Dedicar los esfuerzos a ese nuevo plan parece ser el mejor camino por donde avanzar.
Lo interesante es que hoy la ministra de Transporte si es una aliada.Ella como alcaldesa apoyó a Transmetro en Barranquilla asumiendo la chatarrización y la infraestructura que se cargaba a la tarifa.Ella sabe que la solución es aportar al fondo de estabilización tarifaria que subsidia la tarifa social y garantiza la operación a costos reales, que deben ser eficientes.
