Colombia necesita herramientas serias para combatir el terrorismo. El problema es que tener un objetivo legítimo no convierte utilizar cualquier medio para validarlo, y el Estatuto Antiterrorista que el gobierno De la Espriella está a punto de radicar tiene varios problemas graves que no se pueden ignorar, así vengan envueltos en la bandera de la seguridad.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo dijo con claridad en un documento de diez páginas que merece leerse con cuidado. Y en esta columna, como abogados y ciudadanos, estamos de acuerdo con cada uno de sus reparos.
El corazón del estatuto es el Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, una lista que manejaría el Ejecutivo. Quedar en ella congela cuentas, inhabilita para contratar con el Estado y suspende el acceso a recursos públicos. Todo eso sin que un juez decida nada. Solo una decisión administrativa del gobierno de turno. Y las razones pueden quedar en un anexo, sin que el afectado sepa siquiera por qué lo incluyeron.
Eso, en palabras sencillas, es un cheque en blanco para que cualquier gobierno decida quién es terrorista sin pasar por ningún control judicial. Igualmente, el estatuto permite que una persona quede en la lista porque un gobierno foráneo la señale como terrorista. El congelamiento de activos opera en las primeras 24 horas. Todo esto sin que exista un juez detrás de las decisiones.
Otro punto que nos parece insostenible es la llamada acción de aprehensión preventiva de bienes. El Estado podría quedarse de manera definitiva con el patrimonio de alguien sin demostrar que ese patrimonio tiene relación con un delito. La Constitución colombiana prohíbe expresamente la confiscación. No hay manera de leer ese artículo y concluir que esto es constitucional.
Y luego está algo que toca el corazón mismo del derecho penal: el estatuto castigaría a las personas por pertenecer a una organización, no por lo que hicieron. Un ciudadano podría ver restringida su libertad de movimiento, sus cuentas congeladas y sus contratos suspendidos sin que se le pruebe un solo acto concreto. Se le sanciona por lo que es, no por lo que hizo. Ese principio fue abolido hace siglos en los estados que se llaman a sí mismos democráticos.
Entiendo la urgencia. El terrorismo en Colombia cobra vidas y financia todo lo peor que tiene este país. Es el peor cáncer junto con el narcotráfico. Pero la respuesta a esa amenaza no puede ser construir herramientas que violan los mismos derechos que se supone que debemos proteger. Un estatuto mal construido no le hace daño al terrorismo sino al ciudadano que termina en una lista por razones que nunca fueron explicadas.
De seguro habrá controles de los jueces y, con los argumentos que dejó la Sala Penal sobre la mesa, el camino no va a ser fácil para el gobierno.
Que se haga bien desde el principio. Colombia se lo merece.
