Las plataformas digitales de transporte se han convertido en una alternativa real para millones de ciudadanos. En muchos casos ofrecen mejor atención, comodidad, facilidad de pago y una experiencia que el transporte tradicional debería esforzarse por igualar. Por eso, defender su operación es perfectamente compatible con exigirles responsabilidades. Una cosa no excluye la otra.
El caso de Daniel Ramos en días recientes en Bogotá debería encender las alarmas. El joven solicitó un servicio de Uber Moto en Bogotá y durante el recorrido, el conductor aparentemente se quedó dormido mientras ascendía por un puente, perdió el control de la motocicleta y ambos terminaron en el pavimento. El motociclista era el titular ante la aplicación, pero la moto no estaba a su nombre, no llamó ambulancia y al parecer ni reportó el accidente a la plataforma se marchó del lugar, mientras Daniel quedó herido y tuvo que ser trasladado urgentemente a una clínica por un conocido que pasaba por allí coincidencialmente.
Pero la angustia no terminó en el pavimento. La madre del joven, angustiada por la situación de su hijo, buscó ayuda en la plataforma y se encontró con una negativa para suministrarle los datos del conductor y activar el seguro del SOAT. Les dijeron que pagaran todo y que luego de pronto les reembolsaban gastos. La familia quedó enfrentada a la incertidumbre sobre cómo gestionar las responsabilidades y los gastos derivados del siniestro.
La pregunta es inevitable: ¿qué protección tiene un pasajero cuando sufre un accidente durante un servicio solicitado por una aplicación?
Regular estas plataformas no significa prohibirlas ni perseguirlas. Significa permitirles operar con reglas claras y seguridad jurídica, pero también establecer mecanismos eficaces para vigilarlas y exigirles el cumplimiento de sus obligaciones.
No se trata de responsabilizar automáticamente a una empresa por cualquier accidente. Se trata de que existan protocolos claros para atender emergencias, seguros pertinentes, canales efectivos de reclamación y procedimientos para suministrar información a las autoridades y a quienes estén legalmente facultados para solicitarla.
La innovación no puede ser una excusa para evadir responsabilidades. Si una plataforma conecta pasajeros y conductores, registra recorridos y administra pagos, debe ofrecer respuestas claras cuando algo sale mal.
La discusión regulatoria en Colombia debe superar la falsa disyuntiva entre permitir las aplicaciones o defender el transporte tradicional. Podemos reconocer el valor de estas alternativas y, al mismo tiempo, exigirles estándares rigurosos de seguridad, transparencia y atención.
Quienes defendemos la libertad de elegir cómo movilizarnos tenemos razones de sobra para reclamar una regulación seria. Queremos que estas plataformas sigan operando, innovando y compitiendo. Precisamente por eso necesitamos que respondan ante los ciudadanos.
Uber, si quieren nuestra confianza, demuestren que están presentes también cuando las cosas salen mal, no solamente cuando el viaje termina y el cobro se procesa.
A Daniel, que logre recuperarse.
