No valieron las múltiples antesalas en Bogotá, los agasajos a funcionarios, las condecoraciones ni los anuncios sonoros de soluciones que Santander lleva décadas esperando. Por un error compartido entre el Legislativo y el Ejecutivo, el Presupuesto General de la Nación para 2027 fue adoptado mediante el Decreto 1599 del 22 de octubre de 2026, dejando sin efecto los acuerdos y adiciones alcanzados en las plenarias del Congreso, rigiendo el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas conjuntas, por la suma de $634,95 billones.
Lo sucedido no es motivo de celebración; tampoco es un triunfo político que una falta de tal envergadura deje a las regiones a la intemperie presupuestal. En el caso de Santander, vamos a dejar de recibir cerca de $580.000 millones destinados a necesidades inaplazables como la variante de San Gil, que tenía una partida de $100.000 millones para reanudar obras, y la PTAR de Río de Oro, para la cual se habían solicitado $300.000 millones del presupuesto nacional.
Salvo un milagro, teniendo en cuenta la difícil situación fiscal del país, la caída en el recaudo tributario y el alto costo del servicio de la deuda, la inversión pública para la próxima vigencia tendrá un margen muy reducido. Esto obligará a los mandatarios locales en su último año de gestión a ser creativos y mostrar dotes de buenos administradores para cumplir los planes de desarrollo sin el apoyo de Bogotá, y a los candidatos a las elecciones regionales venideras, abstenerse de hacer promesas populistas imposibles de cumplir, a sabiendas que el país entrará en un periodo de vacas flacas, tal como se ha manifestado de manera reiterada desde Gobierno Nacional.
Bajo este realismo fiscal, las prioridades deben reordenarse a la mayor inmediatez. El sueño de remodelar el estadio Américo Montanini, tan anhelado por la hinchada, tendrá que esperar si ello depende de recursos de la Gobernación que deben concentrarse en salvar la conectividad vial. A su turno, la financiación del Anillo Vial Externo Metropolitano obedecerá estrictamente a instrumentos venidos de la gestión del suelo, y las autorizaciones del empréstito en Bucaramanga deberán reconsiderarse para atender urgencias críticas como el colapso recurrente en “Paso Malo” y la ampliación de “La Virgen – La Cemento”, antes que proyectos aplazables como los planteados por la administración municipal.
La autonomía territorial y la descentralización nos llegaron no como un logro institucional, sino como una obligación. Priorizar inversiones, cuidar los recursos, gastar de manera estratégica y buscar nuevas fuentes de financiación será el reto para un 2027 convulsionado por las elecciones regionales condicionadas por la falta de plata. Vienen tiempos de austeridad y cambiar de paradigma es la única opción para Santander.
