El 15 de octubre, en su visita al Ministerio de Cultura, el presidente De la Espriella anunció una «contrarrevolución cultural» contra el «wokismo», corriente que, en su criterio, impone, a través de la violencia física y verbal, sus postulados en la educación, el lenguaje inclusivo y en la cultura, y a la que calificó como uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional. Ese mismo día, funcionarios del Ministerio retiraron decenas de piezas del Museo Nacional, entre ellas un facsímil de la Séptima Papeleta.
¿Qué es el wokismo? Woke significa «despierto». La expresión «stay woke» nació en la comunidad afroestadounidense como un llamado a estar alerta ante la injusticia racial; luego llegó a los campus universitarios y abarcó causas como el feminismo, la desigualdad, la discriminación, los derechos LGBTI, la cultura de la cancelación y las políticas de diversidad. Hoy el término es objeto de debates políticos y una intensa disputa ideológica: la izquierda lo usa para designar el progresismo y la derecha para descalificar la cultura de izquierda. Cada bando lo define a su conveniencia y, dependiendo de dónde se mire, el «wokismo» se convierte en sinónimo de peligro o motivo de pánico social. De ahí la lucha y los discursos en su contra.
El presidente tiene parte de razón: la cultura no debe ser instrumento de adoctrinamiento ni de apología de la violencia, como él le atribuye al brazalete de la Alianza Democrática M-19, a la bandera de la «guerra a muerte» de Simón Bolívar, que Petro convirtió en uno de sus símbolos más desafiantes, o a los afiches relacionados con Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa; símbolos que, para ciertos sectores ideológicos, representan la «construcción de memoria», mientras que para los damnificados del conflicto constituyen una dolorosa revictimización. Sin embargo, el propósito de arrasar con símbolos constitutivos de nuestra nación, incluidos aquellos de carácter plural, como la Constitución de 1991, cruza una delgada línea entre corregir excesos y destruir los cimientos de nuestra identidad republicana.
¿Para qué enfrascarnos en una pelea cultural estéril que solo alimenta la polarización, imitando las peores prácticas que se criticaron al gobierno anterior: utilizar el poder para desmontar lo que hizo el adversario? ¿Para qué desgastarnos buscando aplausos externos o la complacencia de determinadas facciones? El deber del gobierno es atender con prioridad las urgencias reales que atormentan a los ciudadanos. Hoy el país clama por soluciones frente a una economía menguada, un sistema de salud desfinanciado, una pobreza agobiante, una inseguridad desbordada y una corrupción rampante.
Con su elección se evitó la prolongación de un modelo fallido. Insistir en esa pelea es desperdiciar un tiempo vital para asegurar la estabilidad institucional y alejarnos, definitivamente, de su repetición.
