Durante muchos años, la institución encargada de vigilar que los empleadores cumplan con la ley, el Ministerio del Trabajo, se había convertido en un auténtico enemigo de los empleadores, situación que se agudizó durante el desastroso gobierno de la paz total.
Un presidente que tildó de esclavistas a los generadores de empleo recrudeció, desde el Ministerio, la persecución a ultranza contra todos aquellos que se atrevían a crear un puesto de trabajo.
Bastaba entonces el incumplimiento de algunos de los innumerables requisitos propios de las leyes que definen las relaciones de trabajo o de la Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Seguridad Social para hacerse acreedor a una sanción pecuniaria que podría ir entre 1 y 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Siempre habíamos cuestionado este modelo de gestión, pues el único efecto que terminaba produciendo era la disminución de los puestos de trabajo, pues el empleador sancionado no podía disminuir sus gastos, tales como los arriendos, los impuestos, las materias primas y los servicios públicos utilizados en su gestión, por lo que debía sacrificar los empleos para poder compensar la sanción impuesta.
Por fin hubo quien entendió cómo se debe manejar el Ministerio del Trabajo, vigilando el cumplimiento de las leyes que rigen las relaciones de trabajo.
Esta entidad tiene la potestad legal de inspeccionar que los empleadores cumplan la ley laboral; eso no se discute, solo que ahora, por una política presidencial, deberán determinar las irregularidades que encuentren en las inspecciones, hacérselas saber al empleador afectado, indicando en qué consiste la infracción y qué norma está vulnerando, todo ello por escrito y de manera formal, dándole un plazo prudencial para que subsane las irregularidades, al final del cual deberán verificar el cumplimiento de la norma y la corrección de los errores y, en caso negativo, entonces sí sancionar.
Lo importante no es recaudar dinero mediante multas, sino lograr que las empresas corrijan oportunamente sus incumplimientos y preserven los empleos existentes.
Esta es una sana política, toda vez que en la situación anterior se pagaba la multa y se podía mantener la violación, mientras que ahora se pueden remediar los errores y las equivocaciones y, de esta manera, todos saldrán beneficiados: el empleador, manteniendo su dinero para sostener su negocio; el trabajador, mejorando su condición laboral, y el Ministerio del Trabajo, dejando de ser el enemigo de los empleadores.
Tres perseguidores implacables de los colombianos emprendedores son: la DIAN, la UGPP y el Ministerio del Trabajo.
En el medioevo se decía: “Si usted no le teme a Dios, témale a la sífilis”. Hoy podríamos decir: “Si usted no le teme a Dios, témales a estos tres enemigos del sector empresarial”.
