El ordenamiento del territorio emerge como el reto más complejo para construir una economía nacional sólida y equitativa. Requiere la definición de programas integrales que superen las divisiones político-administrativas.
El actual Plan Nacional de Desarrollo —que el ejecutivo desechó por consumirse en afanes electorales— debería ser una pieza central del debate presidencial de 2026. En columna anterior anotamos que la sectorización, la excesiva departamentalización, el despilfarro y la segmentación por grupos poblacionales son los principales obstáculos que impiden hacer un uso adecuado de nuestros recursos. Las cinco transformaciones que propone el PND —además de pertinentes— plantean un horizonte de largo aliento que trasciende el ciclo de un solo gobierno.
El ordenamiento del territorio emerge como el reto más complejo para construir una economía nacional sólida y equitativa. Requiere la definición de programas integrales que superen las divisiones político-administrativas y articulen prioridades como el desarrollo agroindustrial, la regulación minera, la preservación ambiental, la descontaminación de todas las fuentes de agua y la armonización de planes municipales y regionales. La justicia social no puede seguir reducida a la asignación de subsidios. Implica condiciones estructurales que garanticen salud, educación, vivienda digna, agua potable y transporte. Una política que dignifique, no que simplemente asista.
La modernización del agro involucra la adopción de sistemas silvopastoriles y el acometimiento de grandes proyectos agroindustriales, en especial, en regiones como la Orinoquia. La Unidad Agrícola Familiar no garantiza ingresos superiores a tres salarios mínimos, umbral básico de subsistencia. A comienzos del siglo, Colombia importaba anualmente un millón de toneladas de alimentos; hoy importa once millones.
La transición energética es impostergable, pero debe asumirse con realismo. Para hacer viable la migración a fuentes limpias, se requiere aumentar la producción de hidrocarburos a —al menos— un millón de barriles diarios. La decisión de no ampliar la Refinería de Barrancabermeja constituyó grave error que ahora nos obliga a importar más gasolina, empeorando la crisis fiscal. La convergencia presupuestal —con recursos nacionales, de regalías y territoriales— es indispensable para cerrar las brechas sociales y sectoriales. La distribución de recursos no puede seguir siendo proporcional a la población: debe atender factores geográficos, criterios redistributivos y protección de activos ambientales.
Para avanzar en estas transformaciones, se plantean tres instrumentos: el catastro multipropósito, que define la vocación y uso del suelo y cumple funciones fiscales; el Registro Universal de Ingresos, para corregir errores en la asignación de subsidios y distorsiones derivadas de la estratificación territorial vigente; y la asignación presupuestal orientada al desarrollo de 15 o 20 programas nacionales clave, con metas anuales verificables.
No le falta razón al exdirector del Departamento de Planeación Nacional, Jorge Iván González, al estimar que el problema más grave de Colombia no es la corrupción, sino la ausencia de proyectos estratégicos.
