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Miércoles 27 de marzo de 2019 - 12:00 AM

El predial como factor de desempleo

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El sector inmobiliario y dentro de él la construcción era una de las áreas de mayor crecimiento en la economía nacional e inmenso generador de empleo, dando posibilidades de ingresos económicos a las clases sociales más deprimidas. La construcción de vivienda, oficinas y centros comerciales fueron actividades de gran auge en años anteriores, producto de un mercado incentivado por la seguridad que genera la propiedad, los planes de financiación para su compra y la rentabilidad económica de las inversiones. Desde hace un par de años, el ritmo de crecimiento fue disminuyendo, producto de la saturación del mercado, el estancamiento de la valorización como rentabilidad, la disminución del comercio por el costo del dólar y la incertidumbre sobre el futuro político y económico del país.

Hoy el sector se encuentra estancado y algunas de sus empresas se hallan en dificultades, generadas por el alto endeudamiento, la sobreinversión, las escasas ventas y la disminución del flujo de caja para cubrir sus compromisos financieros y operativos. Varias de ellas han tenido que recurrir a alternativas previstas en la ley para afrontar estas crisis.

Para completar, se han dado procesos de revalorización catastral, que elevan el valor de los predios en algunos casos por encima del precio comercial, en búsqueda de un mayor recaudo municipal por impuesto predial, lo cual desmotiva en su totalidad la compra de bienes inmuebles, al incrementar los gastos en los hogares que poseen vivienda propia y disminuir la rentabilidad para quienes tienen inmuebles como inversión.

Debemos reconocer que en muchos casos los avalúos eran bajos y requerían reajustes, pero en un mercado debilitado y de un gran impacto socio-económico aumentar de un solo tajo la erogación impositiva, sin planes de contingencia o progresividad, agrega un factor más en la crisis inmobiliaria e incrementa el desempleo.

Es necesario encontrar un justo punto en que se den los beneficios requeridos por el Estado, como también minimizar en el tiempo y en el monto los impactos sociales que causa este tipo de medidas en la población.

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