Publicado por: Jairo Puente Bruges
La semana pasada circuló un panfleto suscrito por “Águilas Negras Bloque del Magdalena Medio” en el que se amenaza a líderes ambientales, concejales e incluso al representante santandereano a la Cámara Fabián Díaz. En el pasquín les fijan un plazo de 24 horas para que “desocupen el territorio o de lo contrario serán declarados objetivos militares y dados de baja”. Entre otros hechos, el pasado mes de octubre, el representante Díaz y otros reconocidos ambientalistas (algunos en la lista de amenazados) instauraron una acción de tutela contra “el Ministerio de Ambiente, la CAS, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Barrancabermeja, Ecopetrol, Aguas de Barrancabermeja y la empresa Veolia (antes Rediba)” por: “Vulnerar los derechos fundamentales a la vida, salud, trabajo, dignidad humana, medio ambiente sano, principio de precaución y derecho a la salubridad pública”. Entre otras pretensiones, los accionantes solicitan: “Se amparen y tutelen los derechos fundamentales del Humedal San Silvestre”. Algunos ambientalistas también han manifestado su oposición a proyectos del cuestionado ‘fracking’.
Las amenazas panfletarias generaron el repudio generalizado de la comunidad, las autoridades y numerosas organizaciones sociales y ambientales.
Estas amenazas no son nuevas. En columna de agosto 14/2019 (¿El agua de Barranca produce malformaciones?) y otras citaba denuncias de ambientalistas sobre el creciente deterioro de la ciénaga San Silvestre, que abastece al Puerto Petrolero, y la deficiente calidad del agua “potable” de Barranca y sus potenciales efectos sobre la salud. Señalaba que estas denuncias habían generado amenazas contra algunos de estos líderes sociales y ambientales.
Algunas autoridades han señalado que el panfleto “es falso, porque no corresponde a ningún grupo que delinque en la zona del puerto petrolero” (RCN Radio, nov. 5). Sin embargo, en el contexto colombiano, “El nombre es lo de menos”, como se titula un libro de Carlos Valdés.
Según un informe de la ONG británica Global Witness, Colombia es el país donde más asesinan defensores ambientales en el mundo. Esto es confirmado por las noticias.
Por ejemplo, el 29 de octubre fue asesinada en Nuquí, Chocó, la ambientalista colombo-española Juana Perea, señalada defensora del golfo de Tribugá.
El alcalde de Nuquí declaró a los medios que “la activista le había expresado recientemente inquietud por una serie de panfletos que circularon”.
