Este oscuro panorama de malversación continua del erario en el departamento, mina la confianza de la ciudadanía en la administración pública como la encargada de asegurar la satisfacción de las necesidades colectivas.
El 6 de junio de 2025 la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, por su presunta responsabilidad en irregularidades asociadas al contrato 1724 de 2007, por un valor de 650 millones de pesos para la compra y entrega de juguetes infantiles durante la época navideña.
Se le acusa de los presuntos delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y de peculado por apropiación en favor de terceros, sin ser éste el único caso, ni el de mayor presupuesto por el cual se investiga al exgobernador.
Dentro de los hallazgos del ente acusador se evidencian graves fallas en el proceso contractual, como por ejemplo, la omisión de la realización de una licitación pública, falencias en la etapa de planeación al no definirse objetivamente el número de beneficiarios y la adjudicación del contrato a una fundación sin capacidad técnica, entre otras.
Uno de los hallazgos más llamativos es que, de los 130 mil juguetes comprometidos, sólo se entregaron 36 mil, lo cual, habría generado un presunto detrimento patrimonial aproximado de 416 millones de pesos.
Este caso se suma a la amplia y penosa lista de investigaciones asociadas a actos de corrupción en Santander. Según el informe “Así se mueve la corrupción: Radiografía de los Hechos de Corrupción en Colombia 2016-2020” elaborado por Transparencia por Colombia, Santander es el cuarto departamento a nivel nacional con mayor número de hechos de corrupción, con 75 reportes en esos 4 años. En el 2022, el exfiscal Francisco Barbosa informó que en Santander se vincularon en investigaciones por actos de corrupción a 268 alcaldes y exalcaldes, así como a 115 servidores de diversas entidades públicas.
Este oscuro panorama de malversación continua del erario en el departamento, mina la confianza de la ciudadanía en la administración pública como la encargada de asegurar la satisfacción de las necesidades colectivas.
El impacto social de la corrupción es devastador. Los 416 millones de pesos presuntamente malversados en este caso, aunados a los cientos de millones que se pierden por actos de corrupción, dejan heridas sociales muy profundas. En un país donde la infancia enfrenta graves problemas históricos sin solucionar —desnutrición, falta de acceso a servicios básicos, violencia y pobreza, entre otros—, la corrupción se convierte en un elemento perverso que agrava constantemente ese estado de vulnerabilidad.
La lucha contra la corrupción, a pesar de ser un camino largo y complejo, es ahora más que nunca, indispensable. Se requiere, además de una voluntad política encaminada a la transparencia en los asuntos públicos, una ciudadanía activa y sanciones ejemplares a los responsables. Recuperar la ética en lo público es una urgencia impostergable para construir una sociedad más justa y equitativa.
