Columna de opinión de Rafael Nieto Loaiza
El gobierno montó una operación sistemática de saqueo de recursos públicos con el objetivo principal, pero no exclusivo, de sobornar a congresistas claves para la aprobación de sus proyectos y para controlar los probables juicios contra Petro. De la entrevista dada a Semana por Olmedo López se deduce a) que hubo reuniones reservadas de funcionarios del más alto nivel en que se planeó y decidió la entrega de dineros públicos a “un número importante de congresistas”, b) que en esas reuniones participaron varios ministros, entre ellos el de Interior, y el entonces Director del Departamento Administrativo de Presidencia, c) que el mecanismo para acceder a ese presupuesto era hacer contratos amañados de los cuales se sacaba el dinero para los sobornos, d) que uno de los propósitos de las coimas era el de comprar congresistas para que aprobaran los proyectos del gobierno y para asegurar el control de los juicios contra Petro en el Congreso, e) que entre los que se vendieron están, entre otros parlamentarios, los presidentes del Senado y la Cámara, y también a Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusaciones, f) que López recibió y cumplió órdenes con esos objetivo y que tiene pruebas de ello, y g) que está esperando el acuerdo de principio de oportunidad con la Fiscalía y la citación de la Corte Suprema de Justicia para ratificar sus denuncias, individualizar a los otros implicados y entregar las pruebas contra los responsables.
Es el saqueo organizado desde el más alto nivel del gobierno con el propósito de conseguir la aprobación de las reformas de Petro y de cubrirle sus espaldas. El beneficiario principal de toda la operación es Petro y son sus funcionarios, escogidos y nombrados por él, quienes la ejecutaron. No es creíble que Petro no supiera y que la orden definitiva no hubiera sido dada por él mismo.
En otro país ya hubieran renunciado los salpicados y el Presidente porque, como mínimo, es el responsable de elegir y nombrar semejantes bandidos, y es el beneficiario de sus actividades criminales. Pero acá no pareciera pasar nada. El mismo día en que se conocía la denuncia de López se aprobó en tercer debate la reforma pensional.
Por cierto, ¿qué está esperando la Suprema para hacer las investigaciones de oficio sobre los aforados involucrados? ¿La Fiscalía para acordar principios de oportunidad con López y con Sneyder Pinilla? Este es el momento en que sabremos si la nueva Fiscal es de bolsillo o si es capaz de cumplir con su tarea de manera independiente y sin prevaricar. Está tarde en demostrarlo.
