Benavides sostuvo que a ella le constaba que el gobierno había direccionado contratos por 92.000 millones para favorecer a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público,.
En el proceso de corrupción en la UNGRD, se realizaron audiencias en las que participaron Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, y María Alejandra Benavides, exasesora del MinHacienda.
Durante la imputación a Ortiz, la Fiscalía sostuvo que hay sólidas pruebas que demuestran que Ortiz participó tanto en la entrega de miles del millones de pesos a Iván Name y a Andrés Calle, entonces presidentes del Senado y de la Cámara, como en el direccionamiento de contratos por 60.000 millones a favor de ambos. Las órdenes provenían de Carlos Ramón González, que era el Director Administrativo de la Presidencia.
Benavides sostuvo que a ella le constaba que el gobierno había direccionado contratos por 92.000 millones para favorecer a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público, con la finalidad de que le aprobaran unos créditos al gobierno. Todo con conocimiento de los ministros Bonilla y Velasco.
Concuerda con el testimonio de López: “varios altos funcionarios del Gobierno, entre ellos ministros, reunidos, tomaron la decisión de que votos de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir, o leyes, o cambios en ellas”.
No hay duda de que hubo una operación sistemática de saqueo de la UNGRD; de que también sobornaron congresistas con efectivo y con contratos; de que el propósito de los sobornos era que, a cambio, los congresistas votaran positivamente los proyectos de interés del Gobierno en el Legislativo; de que para la operación se trasladaron 1,4 billones a la UNGRD; de que la operación de pillaje y de compra de congresistas se diseñó, ordenó y se puso en marcha desde la Casa de Nariño; y de que en ella participaron desde el Director del DAPRE hasta los más importantes ministros del gabinete.
La Fiscalía avanza contra los eslabones débiles, como Ortiz, Benavides, López y Pinilla, pero nada ha hecho contra los ministros, exministros y altos funcionarios, como González y Bonilla.
La renuncia de Bonilla es un imperativo ético y político. Es indispensable determinar el papel de otros ministros salpicados, como el de Salud o la de Trabajo. Y, como es evidente que Petro no renunciará aunque debería, hay que avanzar en el juicio político contra él.
Toda la operación de corrupción fue para favorecerlo. El complot criminal tiene a Petro como único beneficiario. Y no es creíble que no solo no supiera lo que hacían sus excompañeros del M19 y sus más cercanos e importantes ministros, sino que no fuera él mismo quien lo ordenara.
