Cultura no es solamente el museo ni la feria artesanal; aunque también. Es sobre todo el software invisible con que un grupo humano piensa, entiende el mundo, cree, se relaciona, simboliza y habla. Casi nadie lo ve funcionar, pero nos seguimos por él.
De pronto internacionalmente reaparece una expresión caprichosa y peligrosa: “batalla cultural”, como herramienta política. Aquí ya hay políticos y potenciales funcionarios diseñando estrategias para ir al frente de esa guerra. Ojo con la trampa semántica: no se habla de la cultura-costumbre ni de la cultura-folclor, sino de la cultura-cosmovisión, la que entraña valores, filosofía de vida, moral social. Entonces el término deja de ser inocente: el Estado escoge bando.
Justo ahí entra lo jurídico, y no para distinguir entre gobiernos sino entre roles. Los particulares podemos hacer todo lo que no esté prohibido; ese es el privilegio de ser ciudadano. Las autoridades, en cambio, solo pueden hacer aquello para lo cual son competentes (artículos 6 y 121 de la Constitución). Nadie elige presidentes o alcaldes, ni estos a sus ministros o secretarios y asesores, para que impongan una cosmovisión oficial.
La Constitución del 91 consagró el pluralismo (artículos 1, 7 y 70) y desde 1994 la Corte Constitucional lo viene tejiendo sentencia tras sentencia —libertad religiosa, de conciencia, de expresión, diversidad cultural, igualdad, autonomía personal—, hasta convertirlo en un principio transversal. La fórmula más nítida sigue siendo la de la sentencia fundacional C-350 de 1994 y de allí se fue llegando, con decisiones rigurosas y consistentes, al concepto de la “neutralidad estatal”. Son tres décadas remando persistentemente hacia la protección del pluralismo.
De ahí la conclusión: ninguna autoridad pública tiene ‘competencia’ para abrir una batalla cultural que imponga una forma específica de enfrentar la vida, creer o valorar. Y por esa misma ausencia de competencia, ninguna autoridad pública puede destinar un peso del erario a semejante cruzada. Para las autoridades públicas, la ‘batalla cultural’ no ofrece un campo donde mover sus ejércitos. Los demás: las iglesias, las academias, las organizaciones sociales, incluso la prensa, pueden promover y divulgar su manera de ver el mundo. El Estado simplemente garantiza esa diversidad.
Así que si algún día a alguna autoridad —de cualquier signo— se le ocurre el proyecto, el obstáculo no será la oposición de turno: será el control de constitucionalidad (concentrado en la Corte y difuso —en cabeza de todos los jueces—), ese guardián aburrido y maravillosamente eficaz que en Colombia existe. Ninguna de las herramientas constitucionales para resguardar el pluralismo e imponer la neutralidad cultural del Estado se preguntarán de qué bando político viene la ‘batalla cultural’, sino si había competencia para librarla. Les anticipo: no la hay.
