Publicado por: Ramiro Serrano Serrano
De la visita realizada la semana pasada por la superintendencia de vigilancia se iniciaron procesos administrativos sancionatorios a 22 empresas de vigilancia y seguridad que operan ilegalmente en Bucaramanga y con ellas también se iniciará proceso a las propiedades horizontales que contrataron sin el lleno de los requisitos establecidos por la ley.
Este ente de control que nace por principio constitucional, al manifestar que la seguridad en Colombia está en cabeza del Estado, y que toda persona natural o jurídica que preste servicios de vigilantes o de cualquier otro medio, con el objeto de dar protección a personas o a bienes muebles o inmuebles en un lugar determinado, debe estar vigilada e inscrita ante la Superintendencia de Vigilancia. De ahí que se debe entra a determinar de quien es la responsabilidad al contratar contrario a los parámetros establecidos en la ley.
Ante los incrementos de los servicios de vigilancia para el año 2023 que en el mes de enero se dio en relación con el salario mínimo y a partir del 15 de Julio, cuando empizará a regir la ley 2101 de 2021, traerá otro incremento por la disminución de las horas laborales; es necesario entrar a evaluar los esquemas de seguridad en la copropiedad, especialmente en aquellos Edificios donde existen pocas unidades privadas y hacen imposible el ejercicio presupuestal.
Como es obligatoria la contratación con empresas que se encuentren avaladas por la superintendencia de vigilancia, es necesario que dichas empresas empiecen a promover otros esquemas de vigilancia, como puede ser el realizado por medios virtuales, que si resulten viables para las copropiedades con presupuestos más limitados; más teniendo en cuenta que la mayoría de Edificios y Conjuntos se encuentran ubicados en los estratos 4 para abajo.
Saber que los costos de la vigilancia privada con personal humano aumentarán, no debe incentivar el ejercicio ilegal de la vigilancia; pues esto nos expone a sanciones y muchas veces los principales dolientes pueden ser los trabajadores que prestan el servicio a quienes no se les cumplen sus obligaciones laborales. Lo que debe motivar esta información, es a hacer un análisis más exhaustivo de los costos y alternativas para la protección de nuestros bienes dando un cumplimiento pleno de la ley.
