Por RODRIGO J. PARADA
En Colombia, un país donde la concentración de poder en manos de unos pocos es una realidad innegable, resulta preocupante ver cómo ciertos actores económicos imponen su voluntad, sin que las autoridades levanten siquiera una ceja. Avianca, la aerolínea bandera de Colombia, ha sido, en más de una ocasión, acusada de abuso de posición dominante en el mercado. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Aeronáutica Civil, los entes encargados de velar por la sana competencia y la protección de los derechos de los usuarios, parecen estar cómodamente sentados en sus oficinas, ajenos al problema que afecta a miles de colombianos.
El mercado aeronáutico en Colombia, al menos legalmente hablando, está diseñado para que pocas aerolíneas tengan el control. Sin embargo, cuando hablamos de Avianca, la situación adquiere un matiz sospechoso. La empresa, que por años ha sido líder en el mercado, ha utilizado su posición privilegiada para imponer condiciones que afectan tanto a los consumidores como a la competencia. Tarifas exorbitantes; restricciones que limitan la movilidad de los pasajeros; y cambios abruptos en el itinerario de los pasajeros; todas estas son muestras de que Avianca domina impunemente el mercado.
Aun cuando la Superintendencia de Industria y Comercio y la Aeronáutica Civil, deberían garantizar un mercado equilibrado y justo, nada ocurre. La falta de controles rigurosos ha permitido que Avianca siga operando con total libertad, imponiendo sus reglas y afectando la calidad del servicio al pasajero. Es inaceptable que en un país donde se habla constantemente de modernización y competitividad, las autoridades permitan que una sola empresa sea juez y parte, imponiendo sus propias reglas de juego.
La superintendencia y la Aeronáutica Civil, deben despertar de su letargo y asumir el rol que les corresponde, actuando con firmeza para garantizar que Avianca no siga abusando y afectando a los usuarios, cancelando vuelos, imponiendo tarifas, y omitiendo hospedar a los pasajeros cuyos itinearios son cambiados, entre otros. Es urgente la puesta en acción de las medidas que protegen a los consumidores y fomentan una competencia justa y equilibrada en el sector aeronáutico.
Los colombianos merecemos un mercado justo, donde las reglas sean claras para todos y donde ninguna empresa, por grande que sea, pueda imponer su voluntad sin enfrentar las consecuencias. El abuso de la autodenominada “aerolínea más puntual del país”, debe ser frenado de inmediato, y las autoridades tienen la responsabilidad de hacerlo. A diario vemos cómo miles de usuarios deben rogar en los aeropuertos por soluciones a sus planes de vuelo, y nadie se atreve a asomarse por los mostradores. En estos casos, los usuarios se preguntan ¿y ahora, quién podrá defendernos?
