Desde 2023 Colombia no suscribe contratos de exploración de hidrocarburos. Para un país en el que los combustibles fósiles representan cerca del 50% de las exportaciones y una porción crítica del recaudo, esto más que una audacia climática, es un riesgo fiscal sin paracaídas.
Colombia no tiene el colchón de Arabia Saudita ni el fondo soberano de Noruega. Esa fragilidad hace que la transición energética tenga que pasar por una ecuación fiscal. La única transición viable es gradual, manteniendo la disponibilidad de los fósiles necesarios para blindarse fiscalmente y respaldar un “riesgo país” que permita los financiamientos internacionales para realizar las inversiones de la transición. Frank Pearl de la ACP lo señaló en 2025: sin nueva exploración, el país perderá 40 billones de pesos entre 2027 y 2035. No es una cifra sectorial: es tambien salud, educación e infraestructura. Es que frenar contratos cuatro años genera una década de déficit. El gran descubrimiento de Sirius de 2022, empezará producción, en el mejor escenario, en 2030.
Colombia en los noventa, con mucha presión fiscal, ejecutó el Plan de Gas Natural: toda la infraestructura de transporte necesaria para salir del racionamiento con un combustible más limpio. Y lo hizo en buena parte con financiamientos fuera de balance. Se pudo porque había claridad estratégica y política energética de largo plazo. Esa memoria no debería ser nostalgia sino hoja de ruta.
El subsuelo y las reservas son del Estado, eso es constitucional (el “título petrolero”). Pero hay que proteger de los caprichos electorales la capacidad institucional para administrar “el título” con visión estratégica. La gestión “del título” estuvo en Ecopetrol (ahora solo agente de operación de naturaleza estatal) y hoy está la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces son los legisladores y el Gobierno -es decir de los electores- los llamados a definir la consistencia de la política. La ANH y Ecopetrol no pueden ser solo un botín electoral, es una falta de seriedad que lee sin ambajes el mercado financiero internacional.
La transición es una realidad ineludible, y necesaria. Pero no puede pagarse destruyendo los instrumentos que la financian. Entonces, por ejemplo: ¿retirar a Colombia de los mecanismos de arbitraje de inversión del CIADI -como ha sugerido el gobierno- sería un escudo jurídico para eliminar conflictos durante la transición? Categóricamente no. Es una falacia: los derechos de los inversionistas sobreviven a través de otros foros pactados en tratados bilaterales y en el marco del derecho internacional (buena fe, trato justo, no discriminación). Salir del CIADI no extingue las disputas. Las traslada a escenarios menos eficientes, es decir; más costosos para el financiamiento internacional de los proyectos para sostener la autonomía energética (y con ello la salud fiscal) y también la transición.
