El aumento del 23% en el salario mínimo, es al menos infundado, irresponsable y engañoso; características todas asociadas al populismo. Empecemos sacando el veneno de la copa antes de empezar a bebernos el trago amargo. No confundamos las preocupaciones sociales -que solían llamarse con razón ‘reivindicaciones populares’, las cuales siguen siendo válidas-, con despotismo electorero disfrazado de gobierno popular. Hay desigualdad, hay informalidad, es verdad. Pero esto no se resuelve con improvisación, mentiras ni agitación de odios de clase: esa es la fórmula de cualquier déspota, de izquierda o de derecha.
En política económica, como en ingeniería civil, sin solidez en el cálculo la buena apariencia se desmorona. El voluntarismo sin rigor racional termina en colapso de la estructura. La lógica económica más sencilla indica que cuando el salario mínimo crece muy por encima de la inflación y de la productividad, aumenta el desempleo y la informalidad (el costo para las empresas exige recortes), se incrementa la inflación (asumir mayores salarios impone mayores precios) y se estanca el crecimiento (la invesión se frena por costos desbordados). La paradoja es cruel: se supone que se pretende mejorar el ingreso, pero en realidad se encarece el dinero y se reduce la productividad que lo genera.
Salta a la vista la gastada estrategia para votantes manipulables. Nada nuevo bajo el sol: el aumento desproporcionado del salario se vende como una victoria moral frente a un supuesto enemigo convenientemente caricaturizado: “los empresarios”. Se instala la falacia de que todo el que tiene empresa es rico, capaz de absorber sin dolor mayores costos, más impuestos y nuevas responsabilidades sociales.
La realidad, sin embargo, es menos heroica. Quienes reciben el golpe directo no son los grandes conglomerados —que suelen tener músculo financiero, automatización o capacidad de traslado de costos— sino los pequeños y medianos empresarios, esos que sostienen el empleo formal con márgenes estrechos y expectativas frágiles. Para ellos, el incremento abrupto de los costos de nómina no es un gesto simbólico: es una amenaza concreta a su equilibrio, a su crecimiento e incluso a su supervivencia. El daño se extiende como onda expansiva. La clase media deberá apretarse el cinturón ante inflación persistente y crédito caro. Las clases populares, supuestas beneficiarias del aumento, verán erosionado su ingreso real y, peor aún, tendrán menos opciones de empleo en un mercado laboral que se vuelve más rígido y costoso.
No hay aquí sacrificio de los verdaderamente ricos ni redistribución estructural. Hay cálculo electoral de corto plazo, retórica incendiaria contra el empresariado y desprecio por la evidencia. Gobernar es asumir la impopularidad de la razón cuando la aritmética no cuadra. Ignorarla puede dar votos hoy, pero siempre cobra la factura mañana.
