Hoy, Ecopetrol es el mayor generador de inversión productiva en el país. Sin este impulso, desaparecerán miles de puestos de trabajo en ingeniería, transporte, comercio y servicios asociados.
Si Ecopetrol cae, Colombia cae también. La propuesta de la Política de Gestión Ambiental Urbana 2025 (PGAU) es la última vuelta de tuerca en la estrategia de asfixia regulatoria contra la empresa más importante del país. Un plan que, en nombre de la transición energética, parece diseñado para hacer inviable la industria petrolera, sin una alternativa clara para sostener la economía.
Colombia no es Noruega ni Canadá. Mientras estos países han avanzado en energías limpias gracias a décadas de inversión en infraestructura y tecnología, el nuestro sigue dependiendo del petróleo para sostener su estabilidad fiscal y social. Pretender apagar esta industria sin haber construido una alternativa viable no es transición, es un salto al vacío.
La PGAU 2025 impone una zonificación ambiental estricta, que delimita amplias áreas del territorio como zonas de alta fragilidad ecológica, donde la exploración y explotación de hidrocarburos queda prácticamente prohibida. Esto significa que cada vez habrá menos territorio disponible para la extracción, afectando una industria que en 2023 destinó USD 4,400 millones a exploración y producción. ¿El resultado? Menos inversión, menos empleo y menos ingresos para el Estado. Y aquí viene la pregunta que nadie en el Gobierno responde: ¿con qué se van a reemplazar los COP 58 billones que Ecopetrol transfirió a la Nación solo en 2023?
La clase media será la primera en sentir el golpe. Hoy, Ecopetrol es el mayor generador de inversión productiva en el país. Sin este impulso, desaparecerán miles de puestos de trabajo en ingeniería, transporte, comercio y servicios asociados. Y con ellos, se reducirá la capacidad del Estado para financiar subsidios, becas y programas sociales. El golpe será doble: menos empleo y menos apoyo estatal, condenando a las clases bajas a una movilidad social nula.
Pero las consecuencias no terminan ahí. La PGAU prioriza energías renovables sin garantizar la infraestructura para su implementación. Sin inversiones masivas en redes de transmisión y almacenamiento, la transición energética será un privilegio para unos pocos, mientras la mayoría del país sigue dependiendo de combustibles fósiles importados a precios más altos. Aquí la ironía: en el afán por matar a Ecopetrol, terminaremos dependiendo de petróleo extranjero.
No se trata de negar la necesidad de una transición energética, sino de evitar que se convierta en un suicidio económico. Noruega y Canadá han reducido su dependencia del petróleo sin destruir su industria, permitiendo un cambio progresivo y bien financiado. Colombia, en cambio, está apagando la máquina sin antes haber construido la alternativa.
Sin Ecopetrol, la transición energética se convertirá en un lujo para unos pocos y una condena para la mayoría. Si seguimos este camino, la asfixia del sector petrolero será la asfixia del país entero.
