En Colombia, el grueso de la opinión pública considera de manera errónea que la corrupción y el desgreño administrativo son infecciones que aquejan sólo al sector público, cuando la realidad es que las ramificaciones golpean a cada uno de los 45 millones de habitantes de este país
Publicado por: REDACCÓN EDITORIAL
Lamentablemente, el ciudadano del común poco piensa en el asunto, ya que si lo hiciera, tomaría decisiones radicales para cambiar la situación.
En Colombia, el grueso de la opinión pública considera de manera errónea que la corrupción y el desgreño administrativo son infecciones que aquejan sólo al sector público, cuando la realidad es que las ramificaciones golpean a cada uno de los 45 millones de habitantes de este país.
Para comenzar, cada colombiano debería tener en mente, sobre todo el día de acudir a las urnas, que si no fuera por los cientos de miles de millones de pesos del erario que se pierden en los laberintos de las irregularidades y las cadenas de malversaciones que obligan a cobrar tasas impositivas exageradas, en este país no se multiplicarían los abusos contra la ciudadanía como los que se ven a diario en todos los sectores de la sociedad.
Abusos que la mayoría de gente del común posiblemente no registra, porque se han vuelto cotidianos y habituales. Sin embargo, no por ello dejan de ser atropellos que les golpean a cada hora sus bolsillos y calidad de vida.
Es que en este país, gracias a la corrupción estatal combinada con la incompetencia de muchos servidores públicos, las tarifas aéreas por cuenta de los impuestos son de las más caras de la región, pero los aeropuertos son una auténtica vergüenza y en su gran mayoría no cuentan con los artefactos básicos para, por ejemplo, operar en climas adversos.
La larga lista continúa con las vías, que son de las más atrasadas y peor mantenidas de Suramérica. Por ellas circula el país entero, obligado a costear peajes onerosos y fletes desproporcionados, pagar impuestos de rodamiento desorbitados y una de las gasolinas más caras del continente. Todo, por cuenta de los gravámenes que lleva amarrados el combustible, cobrados en teoría para la construcción y el mantenimiento de esas carreteras que se han convertido en una infamia.
Del pésimo estado de las calles de las ciudades ya han corrido ríos de tinta que sin embargo, pocas veces calculan el costo para los conductores en tiempo perdido por el tráfico que ocasionan o las reparaciones constantes a las que se deben someter los vehículos.
Las tarifas de los servicios públicos tampoco pueden dejarse por fuera del inventario y menos aún las pésimas condiciones de vida que deben soportar poblaciones enteras que en pleno siglo XXI, aún no cuentan con agua potable y menos aún, tienen las calles frente a sus casas pavimentadas.
Los anteriores, son apenas algunos ejemplos tímidos de la situación que aqueja a este país prácticamente desde su fundación. Una situación que ha empeorado exponencialmente, tal como lo atestiguan los constantes escándalos que destapa la prensa y ocupan a la Fiscalía y la Procuraduría.
Como puede verse, la corrupción, la indecencia y la enciclopedia de vicios que aplastan al sector público, sí son de incumbencia de todos y sólo hasta que exista plena conciencia de ello, se podrá iniciar el largo camino en busca de la regeneración de la decencia y el mejoramiento de la calidad de vida.
