No se entiende cómo una entidad como la Contraloría municipal sí pudo actuar rápida y eficazmente ante estos hechos, mientras que la Procuraduría y la Fiscalía, encargadas de establecer si se faltó a los principios de la administración en estos contratos, no avanzan.
Publicado por: REDACCION EDITORIAL
Hace ya casi un año, la Unidad Investigativa de este diario publicó una serie de entregas en las que se denunció cómo, durante los pocos meses en los que estuvo encargado de la Alcaldía de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis firmó un número de contratos, gracias a los cuales se desembolsaron de manera irregular más de dos mil millones de pesos a fundaciones de papel y sin ninguna idoneidad.
La investigación adelantada por este diario, apoyada también en la labor realizada por la Contraloría de Bucaramanga, permitió desentrañar cuáles fueron las “maromas” jurídicas utilizadas por el entonces Alcalde y algunos secretarios de despacho para destinar los recursos del municipio a favorecer fundaciones fantasma.
El trabajo realizado por este diario fue tan contundente y sustentado, que los jurados del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, considerado el galardón más importante en Periodismo del país, decidieron otorgarle al equipo investigador el premio a la “mejor investigación en prensa escrita”.
Debido a la contundencia de las pruebas, solo la Contraloría de Bucaramanga abrió investigación y determinó la existencia de diversos hallazgos fiscales, por lo cual remitió lo correspondiente a la Procuraduría y a la Fiscalía para que hicieran lo suyo.
No obstante, a la fecha estos hechos siguen en “indagación preliminar” en estas entidades, lo que quiere decir que aún están mirando si existe mérito suficiente para abrir una investigación formal contra los personajes implicados en lo que este medio llamó el “carrusel de contratos de la Alcaldía de Bucaramanga”.
No se entiende cómo una entidad como la Contraloría municipal sí pudo actuar rápida y eficazmente ante estos hechos, mientras que la Procuraduría y la Fiscalía, encargadas de establecer si se faltó a los principios de la administración en estos contratos y si esta falta constituyó un delito que deba ser castigado, no avanzan.
Sorprende también, como lo anotó un columnista hace unos días en estas páginas, que la Procuraduría no haya tenido la celeridad que tuvo en casos como el que llevó a la destitución del entonces alcalde Fernando Vargas, cuando nombró una comisión especial de investigación que llegó a conclusiones en muy poco tiempo. Pero en este caso, a pesar de las pruebas y de la notoriedad de los hechos, ni siquiera se ha acudido el procedimiento verbal para darle celeridad al proceso.
Si bien es cierto que toda investigación tiene sus etapas y que existe un derecho al debido proceso que debe respetarse, también es cierto que diez meses es un tiempo más que prudente para que por lo menos se conozcan cuáles han sido los avances de la Procuraduría y la Fiscalía en estos casos, si es que existen.
La ciudadanía merece respuestas y que le cuenten qué pasó con esos más de dos mil millones de pesos que se entregaron en esta “feria de contratos”.
