Publicado por: Redaccion Editorial
Las campañas políticas en Colombia, como en prácticamente todos los países con sistemas democráticos, contienen bajo la superficie, un gran número de movimientos que o tambalean entre lo debido y lo indebido, o tranquilamente se van a pique en el terreno de lo ilegal. Sucede en el plano de la comunicación, el uso de las redes sociales, con los aportes y las finanzas, con la forma de adquirir respaldos en barrios o municipios, con las dinámicas del día de la votación y en Colombia está sucediendo también con la expedición de los avales.
Tal y como fueron concebidos por la ley 130 de 1994 y 1475 de 2011, esta clase de respaldos políticos de los partidos a las candidaturas de algunos ciudadanos, tienen el sentido de abrir el camino democrático a personas que hubieran surgido de sus propias canteras, que tuvieran una importante representatividad dentro de cada partido o movimiento y que, en lo posible, fueran resultado de un consenso o una mayoría de miembros de la colectividad. Sin embargo, hoy la realidad es muy distinta y los avales o se entregan a capricho y conveniencia exclusiva de los jefes de los partidos, o sencillamente se usan como elemento de negociación, a veces no solo política, sino también económica.
Con cada nueva elección el caso de los avales empeora y de ese mundo cada vez más oscuro se desprenden casos preocupantes, como el que ocurrió en Bucaramanga con Quintín Herrera, pues la carrera pública del prestigioso médico quedó en vilo estos días luego de verse obligado a retirar su candidatura a la gobernación de Santander al conocerse que se había inscrito con un aval al parecer falso del partido ‘Gente en movimiento’. Herrera sostiene que fue asaltado en su buena fe y finalmente su candidatura terminó en el momento de inscribirse.
Este caso demuestra que tras los avales hoy se tejen toda clase de movimientos indebidos, pues son decenas las quejas que se han conocido, nada más con los procesos de inscripción de candidatos en Santander.
Si bien la multiplicidad de partidos y la expedición de avales deben considerarse formas de ampliar los límites de la democracia, el mal uso de unos y otros, terminan convertidos en lo contrario: en maneras de deteriorarla y reducirla a opacas transacciones.
Evidentemente es hora de que los legisladores entiendan que se debe revisar el sistema y cómo se están manejando los avales a candidatos para evitar que, en lugar de ampliarla y fortalecerla, estos terminen convertidos en la manera de degradar y falsear la democracia colombiana.
