Según Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, muchos habitantes prefieren el transporte informal al legal. Ya cuentan con cientos de miles de usuarios fieles, a pesar del evidente riesgo que significa usar sus vehículos.
Publicado por: Editorial
Una nueva evidencia del dominio apabullante que hoy tienen los ilegales del transporte público metropolitano es la presión que algunos de sus voceros han empezado a ejercer contra las autoridades, y aunque pueden tener de su lado el argumento de que la oferta oficial de transporte masivo ha caído casi a cero, tienen en su contra nada más y nada menos que el ordenamiento legal, dentro del que, a menos que alguna autoridad quiera actuar irregularmente, no cabe posibilidad alguna de negociar condiciones que validen el mototaxismo.
En otras palabras y, de acuerdo con repetidas sentencias de las altas cortes, con las normas vigentes y con la obligación constitucional que tienen los gobernantes de cumplirlas y hacer que se cumplan, cualquier mandatario que pretenda regular o autorizar el mototaxismo, así sea parcialmente, estará actuando por fuera de la ley y deberá afrontar las consecuencias de tal acto. Bucaramanga y el área metropolitana, así como muchas otras grandes ciudades o conurbaciones en el país, vive hoy la sin salida de haber permitido que el sistema de transporte público se viniera a pique, mientras permitía que la piratería creciera.
Lo ocurrido, obviamente, fue un efecto de proporciones inversas entre las dos ofertas, la legal que hoy es prácticamente inexistente y la ilegal que colma las vías de los municipios metropolitanos y hace que la accidentalidad y la mortalidad en accidentes de tránsito crezca a ritmos muy similares al de su mercado.
Al entender este estado crónico en el que se halla el transporte público oficial, los ilegales comienzan a tomarse las ventajas que los gobiernos de turno les han permitido, pues a pesar de los esfuerzos de las autoridades de tránsito, no ha sido posible controlarlos.
Incluso, según Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, muchos habitantes prefieren el transporte informal al legal. Ya cuentan con cientos de miles de usuarios fieles, a pesar del evidente riesgo que significa usar sus vehículos; a pesar de violar con total impunidad y durante todas las horas del día las normas de tránsito; a pesar de desplazar a los motociclistas que no son ni ilegales, ni irresponsables, para concentrar en ellos toda la atención con medidas como la restricción nocturna.
Todo esto ha llevado a comprobar que los transportadores informales tienen la fuerza para torcer aún más la realidad y hacerse con el último botín: el de la ley.
En efecto, la ilegalidad domina el transporte metropolitano; en efecto, durante muchos meses más, la oferta oficial de transporte público estará en niveles ínfimos, pero las autoridades deben seguir trabajando denodadamente para enmendar todo esto. Como se los ordena la Constitución, deben estar del lado de la legalidad y salvaguardar los pocos espacios que quedan, porque cualquier centímetro que se conceda en este sentido no podrá recuperarse y se habrá despejado el camino sin retorno hacia el caos definitivo en materia de transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga.
