Publicado por: Editorial
Como lo han denunciado los periodistas de Vanguardia desde varios ángulos y desde todos los municipios del área metropolitana, cruzamos a diario puentes agrietados, esquivamos andenes rotos y transitamos bajo lámparas que llevan años sin siquiera parpadear, para citar solo tres casos del penoso ambiente urbano en el que vivimos, que es producto del abandono tanto por parte de los gobiernos como de las comunidades, cuya pasividad raya en la complicidad, pues, en lugar de exigir obras y cuidar el espacio público, contribuyen al deterioro de las ciudades.
Los separadores de las autopistas son criaderos de maleza y basura; los andenes y los senderos peatonales terminan convertidos en pistas de obstáculos, donde una rama caída o un montículo de tierra mal podada esperan el descuido del caminante; los parques exhiben columpios oxidados y bancas carcomidas que también amenazan a quien quiera usarlos para recrearse o descansar. La falta de iluminación deja decenas de calles sumidas en la penumbra, que es cómplice de ladrones y, peor aún, de agresores que pueden atacar sin ser vistos.
La infraestructura pública literalmente sostiene la vida urbana, pero, además, sin ella no hay economía que funcione ni comunidad que prospere. Una calle bien pavimentada reduce los costos de transporte, un puente seguro permite el flujo de mercancías, un sistema de drenaje eficiente evita inundaciones que pueden arruinar a una empresa. Pero lo que vemos son puentes desvencijados, deprimidos inundados, calles rotas y aceras destruidas en toda el área metropolitana.
La comunidad tampoco sale bien librada en este balance, pues parece haber aceptado el descuido: pocos exigen, casi nadie vigila y el ciudadano común cruza la calle esquivando el peligro sin levantar la voz, muchas veces sin siquiera notarlo. Por esta razón, los problemas se acumulan y cada día que pasa sin solución solo sirve para aumentar los peligros, porque un árbol enfermo puede desplomarse sobre una persona, una alcantarilla destapada puede causar una tragedia y la baranda oxidada de un puente peatonal es un atentado, pero seguimos esperando el desastre para reaccionar, como si el drama fuera el único idioma que entendemos.
Las obras públicas bien conservadas dinamizan la economía, garantizan la equidad en el acceso a la ciudad y protegen la salud de los habitantes, pero nada de eso ocurre por sí solo. Para tener espacios limpios, bien iluminados y seguros debe haber una decisión política, una administración transparente y un presupuesto suficiente, así como una comunidad que exige y vigila sus bienes públicos. Todo esto se logra con construcciones oportunas, con mantenimiento permanente y con inversiones coherentes que vayan más allá de los períodos de gobierno.
De la infraestructura del transporte público del área metropolitana ya no hay nada más que decir, pero tampoco queda ya prácticamente nada que ver, porque se lo robaron casi todo frente a los ojos de las autoridades y de la comunidad, sin que ninguno de los ataques que ha recibido haya motivado una acción clara y eficaz de las autoridades. La movilidad activa, la que permite caminar o pedalear, exige ciclorrutas bien pensadas y andenes nivelados, pero lo que tenemos son canales invadidos y peligrosos que terminaron ahuyentando hasta al más entusiasta.
Las autoridades deben construir y conservar, pero también la comunidad debe entender que cuidar lo público es un acto de soberanía y no una rebelión ni una concesión silenciosa. Denunciar un bache, exigir la poda de un árbol, reclamar por la falta de iluminación y tantas otras acciones ciudadanas son pequeños aportes que, cuando se suman, pueden conseguir que las ciudades se superen a sí mismas. Eso ocurrirá cuando dejemos de comportarnos como víctimas resignadas y empecemos a actuar como dueños legítimos de cada acera, cada parque y cada lámpara de todas las ciudades del área metropolitana.
