Publicado por: Editorial
La suerte de Yulixa Toloza Rivas, hallada sin vida tras una lipólisis láser en un lugar ilegal del sur de Bogotá, ha revivido la discusión sobre un problema que ningún operativo ni estrategia ha podido controlar ni, mucho menos, eliminar. El frío resumen de lo que ocurrió es que esta mujer pagó tres millones de pesos por un procedimiento que en una clínica formal costaría el doble, y esa decisión le costó la vida. Su cuerpo apareció fuera de Bogotá, mientras los responsables del llamado “Beauty Laser” ya habrían borrado sus huellas.
Esto no es otra cosa que la reedición de una tragedia que sigue un guion ya conocido. Aparece una víctima, luego el escándalo mediático, después las redadas y los sellamientos y, una vez pasa la agitación inicial, vuelve el silencio. Helen Johana Gélvez murió en Bucaramanga dentro de la clínica “Perfect Body”, y los operativos posteriores clausuraron decenas de centros ilegales. Sin embargo, todo indica que las cosas siguen como antes: las redes sociales siguen llenas de promociones engañosas, de ‘especialistas’ sin título y de ofertas planeadas para atrapar a quienes no pueden pagar una cirugía en regla.
En Medellín, por ejemplo, una de las ciudades líderes en esta clase de estafas y tragedias, las autoridades sanitarias han cerrado más de 60 establecimientos en dos años y, sin embargo, la ciudad registra, en el mismo período, 17 muertes por clínicas de garaje que operan en habitaciones sin esterilización, con equipos hechizos y personal que, en la mayoría de los casos, ni siquiera es médico. En el análisis más superficial, la cifra evidencia la inoperancia de los controles existentes, sobre todo porque suelen hacerse solo sobre los ecos del ruido mediático.
Esto ocurre porque, en realidad, los controles son esporádicos. No hay una acción permanente de vigilancia y control sobre estos lugares, lo que da tiempo a los dueños de estos centros ilegales a cambiar de dirección, de nombre y seguir operando con la misma impunidad. El ciclo ya está claro para ellos: tragedia, indignación nacional, allanamientos, olvido. Meses después, viene la siguiente víctima, el siguiente titular, el siguiente sellamiento. Es una especie de carrusel macabro que solo beneficia a los impostores de bata blanca.
Lo peor es que esto implica la complicidad tácita de una sociedad que convive con el delito, pues las pacientes buscan precios bajos y resultados rápidos, y no preguntan por el registro del médico ni por los permisos del establecimiento. Ahora bien, si esto ocurre por ignorancia, no excusa al Estado, que tiene la obligación de proteger a los ciudadanos, incluso de sus malas decisiones. Si el mercado negro de la estética prolifera es porque la vigilancia es una ficción.
Se requiere una operación permanente, sistemática y drástica: que las autoridades hagan inspecciones frecuentes, que endurezcan las penas para quienes operan sin licencia, que cierren de manera definitiva cualquier inmueble reincidente y que publiquen en tiempo real un registro de clínicas habilitadas. Las redes sociales, que hoy son el principal termómetro de ventas para estos ilegales, deben ser monitoreadas de oficio. No puede ser que una publicación en estos medios valga más que una cédula profesional. Yulixa Toloza tenía 52 años, una familia que la amaba y la necesitaba, y el sueño de verse mejor, pero pagó con su vida el hecho de entrar en un mercado corrupto en el que, claramente, el dinero vale más que el ser humano. Su amiga, que la acompañó hasta esa vivienda donde la intervinieron, advirtió que algo andaba mal, pero nadie atendió sus señales.
