Colombia está a semanas de un desenlace institucional histórico. Las plenarias del Congreso debaten la ley de procedimientos de la Jurisdicción Agraria, una norma indispensable para saldar la deuda histórica de una justicia especializada que resuelva los conflictos del campo. Sin embargo, el proyecto está encallado por una peligrosa ambición del Ejecutivo: vaciar de contenido a los nuevos jueces antes de que empiecen a operar.
La discrepancia es profunda. Mientras la oposición defiende la intervención judicial para proteger la propiedad, el Gobierno pretende que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tenga facultades plenas y unilaterales para decidir sobre la clarificación de títulos, el deslinde de baldíos y la extinción de dominio por incumplimiento de la función social.
Es indiscutible que el Estado debe recuperar sus baldíos y planificar el agro. Lo inaceptable —y el verdadero foco de inseguridad jurídica— es que una agencia dependiente del Palacio de Nariño actúe como juez y parte. Dejar la calificación de la “función social o ecológica” al arbitrio de la burocracia, basándose en la ideología y no en criterios agronómicos técnicos, convertirá la propiedad rural en un derecho precario, sujeto al vaivén electoral.
Este temor se agrava con la propuesta de invertir la carga de la prueba, obligando al propietario a demostrar, de forma casi imposible, la perfecta explotación del 80 % de su tierra para evitar una confiscación encubierta. El espejo en el que nos miramos es alarmante: la Justicia de Restitución de Tierras. Bajo el noble propósito de reparar a las víctimas, dicho sistema terminó arrasando las garantías de compradores de buena fe, a quienes se despojó sin compensación bajo el cuestionable argumento de que “debieron haber sabido” que en la zona hubo violencia. Esa miopía rompió la equidad y creó nuevos damnificados.
No podemos permitir que la Jurisdicción Agraria replique estos sesgos a gran escala. Si la tendencia a la ideologización se impone sobre el análisis técnico, el campo colombiano se vaciará de inversión y se encenderán nuevos focos de violencia. La reforma agraria es necesaria, pero debe tramitarse bajo el imperio de la ley y el examen de un juez imparcial, no bajo el dictamen del político en un escritorio.
El ciudadano que se alista para las próximas elecciones presidenciales debe entender que lo que está en juego no es solo la tierra, sino el principio de reserva judicial. Un país donde el Gobierno de turno decide quién es dueño de lo suyo y quién no deja de ser una democracia. Fortalecer a los jueces autónomos, y no a las agencias presidenciales, es la única garantía para que la paz rural no se convierta en el botín del gobernante de turno.
Evitemos que este sea otro paso hacia el autoritarismo.
