Hay cifras que deberían celebrarse con prudencia, pero también con profundo sentido de responsabilidad. La reciente reducción de la inseguridad alimentaria en Santander, reportada con base en cifras del DANE, es una de ellas.
Según el informe divulgado esta semana, el departamento logró disminuir de manera importante los niveles de inseguridad alimentaria durante 2025. Y aunque el dato es alentador, sería un error interpretarlo como una meta cumplida. Más bien debería asumirse como una señal de que el camino correcto existe, pero todavía está lejos de completarse.
Hablar de seguridad alimentaria no consiste únicamente en que las personas “coman algo”. Significa que puedan acceder de manera estable y suficiente a alimentos nutritivos, variados y de calidad. Significa que los niños no tengan que aprender con hambre. Que los adultos mayores no deban escoger entre medicamentos y comida. Que las familias no vivan permanentemente en la angustia de saber si alcanzará para el mercado de la semana. Y ahí Santander tiene todavía enormes desafíos.
Hace algún tiempo escribíamos aquí sobre la labor silenciosa pero gigantesca que realiza el Banco de Alimentos de Bucaramanga. Instituciones como esa son un recordatorio incómodo de dos cosas al mismo tiempo: de la enorme solidaridad que existe en la sociedad y también de las profundas carencias estructurales que todavía persisten.
Porque ningún banco de alimentos debería convertirse en sustituto permanente de una política robusta de superación de pobreza. Su labor es admirable, pero también evidencia que todavía hay miles de hogares para quienes comer adecuadamente sigue siendo un privilegio y no un derecho garantizado.
En paralelo, vale la pena reconocer el trabajo que desde la academia realizan instituciones como la Universidad de Santander en torno al estudio de la nutrición y la salud alimentaria. Ese esfuerzo científico resulta fundamental porque la discusión sobre alimentación ya no puede quedarse únicamente en el terreno asistencial. También debe abordarse desde la investigación, la prevención y la educación.
La nutrición infantil, por ejemplo, tiene efectos determinantes en el desarrollo cognitivo. Un niño bien alimentado tiene mayores posibilidades de desarrollar adecuadamente su cerebro, fortalecer capacidades de aprendizaje, mejorar su concentración y ampliar sus oportunidades futuras.
También ahí aparece una de las realidades más duras y menos discutidas del país: en buena medida, miles de niños siguen asistiendo a instituciones educativas públicas porque allí reciben los refrigerios del Programa de Alimentación Escolar.
El PAE no es simplemente un complemento escolar. Para muchísimas familias representa la garantía de que sus hijos al menos recibirán una comida durante el día. Esa verdad, aunque incómoda, ayuda a explicar por qué el programa tiene un impacto directo en la permanencia escolar.
Detrás de muchos indicadores de menor deserción no siempre hay estabilidad económica familiar. Muchas veces lo que existe es hambre contenida gracias a una política pública.
La reducción de la inseguridad alimentaria en Santander debe celebrarse, sí, pero también debe convertirse en una prioridad estratégica de largo plazo. No basta con mejorar temporalmente los indicadores. El verdadero reto consiste en reducir de manera sostenible la pobreza monetaria y ampliar las oportunidades económicas de las familias.
Ahí cobra enorme relevancia la hoja de ruta planteada en la Visión Santander 2050, impulsada por Prosantander, la Cámara de Comercio de Bucaramanga y múltiples actores regionales. Porque uno de los grandes desafíos del desarrollo no es solamente crecer económicamente, sino lograr que ese crecimiento se traduzca en bienestar tangible para las personas.
Y pocas cosas reflejan mejor el bienestar que la posibilidad de alimentarse dignamente.
Una generación bien nutrida no solo será más sana. También será más inteligente, más preparada y más capaz de construir un mejor futuro colectivo.
Y quizá no exista inversión más rentable —ni más humana— que esa.
