Si usted quiere entender cómo funciona realmente el poder en Colombia, no estudie los grandes escándalos. Estudie los silencios. Estudie a quién sacan discretamente justo después de, probablemente, haber hecho bien su trabajo.
Eso, en apariencia, es lo que ocurrió con Ileana Boada Harker, procuradora regional de juzgamiento de Santander. Jurista rigurosa, docente respetada y conocedora del derecho disciplinario como pocas en esta región. Tenista, además, con el criterio suficiente para saber, sin abrir un expediente, que una raqueta no vale cuatro millones de pesos. Aunque, seamos francos, tampoco hacía falta ser experta en tenis ni en derecho para oler la irregularidad. Cualquier ciudadano del común habría levantado la ceja al ver que una empresa llamada “Soluciones Técnicas Agropecuarias” aparecía vendiendo implementos deportivos.
Y precisamente eso fue lo que investigó y sancionó: un contrato del Indersantander en el que raquetas que no superan los cuatrocientos mil pesos en el mercado fueron facturadas a cuatro millones, y tarros de bolas que se consiguen por cuarenta mil pesos aparecieron cobrados a doscientos sesenta mil. Un descarado y vulgar saqueo al erario, disfrazado de contrato deportivo.
La decisión de Boada Harker fue contundente: destitución e inhabilidad de diez años para el exdirector Pedro Belén Carrillo; inhabilidad de quince años para la exasesora jurídica y otros cuantos más. No obstante, lo que vino después desafía cualquier lógica institucional. Horas después de firmada esa decisión, la procuradora fue declarada insubsistente.
Seré cuidadoso con las palabras porque me lo exige la honestidad intelectual, y es que los cargos de libre nombramiento y remoción permiten este tipo de decisiones sin que medie explicación alguna. No es ilegal. No corresponde a este espacio indagar las razones internas de la Procuraduría General. Eso es trabajo de otros.
Pero lo que sí corresponde decir es que la coincidencia en el tiempo es, por decir lo menos, estruendosa. En un país donde la institucionalidad ya tiene suficientes heridas, este tipo de episodios no deberían pasar desapercibidos ni en silencio. Es obligación de la opinión levantar la mano ante este tipo de situaciones y no dejarlo en el ostracismo.
Boada Harker sancionó a unos personajillos de poca monta que tuvieron la desfachatez de cobrarle al Estado raquetas de parque de barrio como si fueran el equipamiento oficial de Wimbledon y bolas de tenis cobradas diez veces por encima de su valor real. Lo hizo con conocimiento, con sustento y con valentía. Y al día siguiente, estaba afuera.
Que cada quien saque sus propias conclusiones. Las mías ya las saqué.
