Quienes trabajamos en el sector salud conocemos la crisis no desde el discurso, sino desde la realidad diaria de hospitales, consultas, urgencias y pacientes que esperan medicamentos, tratamientos y atención oportuna. Por eso, es preocupante que una discusión que debería centrarse en soluciones técnicas haya terminado atrapada en la confrontación ideológica.
Colombia atraviesa una de las peores crisis de salud de las últimas décadas, resultado de problemas que se fueron acumulando durante años dentro del sistema. Varias EPS contribuyeron al deterioro mediante manejos ineficientes de los recursos, crecimiento descontrolado de deudas, fallas en la gestión del riesgo y graves problemas de transparencia financiera y operativa. En algunos casos, el sistema dejó de priorizar al paciente y terminó atrapado entre intereses administrativos, burocráticos y económicos.
Aun así, las intervenciones realizadas por el Gobierno tampoco lograron corregir los problemas estructurales y, en muchos casos, profundizaron el deterioro. Mientras la deuda del sistema rondaba los 25 billones de pesos en 2023, para 2025 distintas fuentes y organismos de control estimaban obligaciones cercanas a los 32,9 billones. Casos como el de Nueva EPS reflejan la dimensión de la crisis: sus pasivos pasaron de cerca de 5,4 billones a más de 21 billones de pesos en menos de tres años.
A esto se sumó una rotación permanente de interventores y directivos. Algunas EPS intervenidas tuvieron hasta seis responsables diferentes en menos de dos años, muchos sin la experiencia necesaria para administrar entidades que atienden a millones de colombianos. El resultado ha sido mayor desorden administrativo, retrasos en pagos, dificultades en la entrega de medicamentos y tratamientos interrumpidos.
La conclusión es evidente: el sistema no necesita destruirse, necesita corregirse y modernizarse. Colombia no puede seguir improvisando sobre una estructura de la que dependen más de 50 millones de personas. Cada decisión equivocada termina afectando directamente a los pacientes.
Desde la experiencia de quienes hemos liderado instituciones de salud durante años, las prioridades son claras: recuperar la liquidez, garantizar pagos oportunos, depurar deudas, fortalecer la supervisión y avanzar hacia modelos que midan resultados clínicos y calidad de atención, no simplemente volumen de servicios.
Pero ninguna reforma será viable mientras siga construyéndose desde la polarización. El país necesita un Acuerdo Nacional por la Salud que reúna al Gobierno, aseguradores, hospitales, trabajadores de la salud, pacientes, academia y sector financiero alrededor de compromisos concretos y verificables. La crisis exige decisiones de Estado, no disputas políticas.
Ese acuerdo debe traducirse en un Libro Blanco para la reforma del sistema: una hoja de ruta técnica y pública, sustentada en evidencia, con metas claras, costos definidos y mecanismos de seguimiento. Colombia necesita pasar del discurso a la ejecución.
La propuesta de la Fundación Cardiovascular de Colombia, enviada a algunos candidatos presidenciales, plantea 27 medidas agrupadas en nueve ejes estratégicos. Estas fueron formuladas desde la experiencia y la realidad del sector, como un aporte técnico y no político, orientado a enfrentar la crisis financiera, mejorar el acceso a servicios y medicamentos, fortalecer el talento humano y acelerar la transformación digital del sistema.
En este último punto, la tecnología y la inteligencia artificial serán determinantes. Su adecuada implementación podría reducir costos operativos hasta en un 30 %, optimizar auditorías, prevenir fraudes y mejorar la atención de los pacientes, contribuyendo a un sistema más eficiente, transparente y sostenible.
El próximo gobierno tendrá una responsabilidad histórica. Lo que está en juego no es una discusión ideológica ni la defensa de un modelo político: está en juego el derecho a la salud de millones de colombianos. ¡Improvisar cuesta vidas!
