Publicado por: Editorial
La reactivación del debate sobre el empréstito en el Concejo de Bucaramanga, tras el reciente pronunciamiento de la Procuraduría, es una prueba de fuego para la institucionalidad y la madurez política de una ciudad que, desde que comenzó el siglo, arrastra un lastre de obras atrasadas y promesas rotas. Para los concejales, esto no debe ser un asunto simplemente de optar por el sí o por el no, sino de elevar la discusión a la altura que las circunstancias demandan.
Bucaramanga acumula grandes atrasos en infraestructura vial y urbana, en movilidad, en espacios públicos que nunca terminan de concretarse, y la mayoría de estas son obras que administraciones anteriores incluyeron en sus planes y luego abandonaron simplemente. Además del daño a las finanzas municipales, ese acumulado histórico representa un costo social altísimo, que pagan cada día los ciudadanos atrapados en el tráfico o acorralados por la inseguridad, los peatones en calles y andenes peligrosos y los comerciantes que ven reducida su competitividad.
Más que una votación sobre recursos, el empréstito que vuelve al Concejo de Bucaramanga representa una discusión sobre el manejo financiero de la ciudad, la capacidad de ejecutar obras y la obligación de evitar que una nueva deuda termine convertida en otro fracaso administrativo. Bucaramanga se juega su destino financiero de los próximos años.
Por eso, el Concejo y el alcalde tienen una responsabilidad mayúscula con una ciudadanía que no admite más incumplimientos, titubeos ni componendas. Lo más inconveniente, si se aprueba el empréstito de más de medio billón de pesos, sería que el dinero comprometido se convierta en una deuda que crece año tras año. Los sobrecostos imprevistos, los incumplimientos contractuales y, peor aún, la corrupción en la ejecución de obras han sido una constante vergonzosa en casi todo el país, frente a la que nadie hoy es ajeno.
Se requiere, entonces, un debate con altura, donde queden a un lado los favores políticos o las conveniencias partidistas, pues lo que está definiéndose es, en buena medida, el destino financiero de varios años hacia adelante. La transparencia debe ser el blindaje de cada discusión: pliegos de condiciones claros, estudios de factibilidad verificables por terceros y un seguimiento ciudadano que no permita desviar un solo peso del presupuesto que va a comprometerse.
El alcalde Portilla tiene la obligación de mostrar que su gobierno va a cambiar la lógica que últimamente se ha impuesto de improvisación, incumplimiento e incompetencia en muchos proyectos y, por eso, debe poner sobre la mesa los plazos reales, los mecanismos de control y las garantías de que cada peso prestado se ejecutará con probidad. Mientras, por su parte, el Concejo no puede limitarse a alinear votos en su mecánica acostumbrada de bloqueo de sus funciones, dilaciones injustificadas y filibusterismo, sino más bien dar paso a un escrutinio profundo y riguroso del proyecto en debate.
La ciudad no quiere seguir en este tipo de juegos sinuosos y tampoco está muy dispuesta a aceptar nuevos fracasos financiados con deuda pública. Lo que está en entredicho es el futuro de Bucaramanga, un futuro que puede significar una movilidad ágil y obras reales, o una condena a pagar intereses por décadas por proyectos mal hechos o inconclusos. La diferencia entre un escenario y otro está en la honestidad y la competencia con que se maneje este debate.
Urge que la plenaria del Concejo se cite sin más excusas, que las mayorías anunciadas no impidan el debate bien fundado y que la prensa y la sociedad civil ejerzan estrictamente su derecho a la veeduría. Los ciudadanos debemos recordarles a nuestros representantes que votar un empréstito no es un acto de fe, sino de responsabilidad contractual, porque, si la historia de incumplimientos nos ha enseñado algo, es que las buenas intenciones sin mecanismos de control son el abono perfecto para la corrupción.
Que el debate se lleve con argumentos y datos, no con descalificaciones ni chantajes. Que se discuta hasta donde sea necesario cada cláusula, cada garantía, cada párrafo, si es el caso, para que al final sean la razón y la transparencia las que guíen el voto; solo así podremos decir, dentro de unos años, que este empréstito fue un paso adelante y no otro lunar en la administración pública de la ciudad.
