Publicado por: Editorial
Esta semana se cumplen tres décadas y media de la promulgación de la Constitución de 1991, con la cual se sellaba una especie de pacto generacional, pues nació con la fuerza inusitada de un movimiento estudiantil espontáneo que propuso aquella Séptima Papeleta como respuesta al clamor de una sociedad exhausta por la violencia y ávida de renovación institucional, que concluyó en una Carta que sustituyó un ordenamiento centenario por un Estado social de derecho que situó al ser humano en el centro mismo del sistema jurídico.
Este aniversario nos convoca a una reflexión seria sobre el legado de aquella Asamblea que agrupó a todas las tendencias políticas, ideológicas, gremiales y populares en un ejercicio democrático de conciliación sin precedentes, que instauró mecanismos como la acción de tutela, que democratizó el acceso a la justicia y que, en la práctica, ha sido el vehículo mediante el cual miles de ciudadanos han hecho efectivos sus derechos fundamentales. También creó una Corte Constitucional robusta y garantista que ha logrado ampliar el catálogo de derechos para responder a las cambiantes realidades sociales.
Quedan aún, por supuesto, varios contenidos de la nueva Carta sin desarrollarse plenamente, como ocurre con el proceso de descentralización, que sigue siendo causa de profundas desigualdades territoriales, en tanto la autonomía de las regiones se ha visto limitada por la falta de definición clara en competencias y recursos, mientras el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación aún depende, en gran medida, del lugar de nacimiento o residencia de cada colombiano.
A pesar de este y otros desafíos sin cumplir del todo, la transformación en la conciencia ciudadana ha evolucionado con herramientas de participación como el referendo, el plebiscito y la revocatoria del mandato, que han comenzado a construir una nueva cultura política, que también, por cuenta de la Constitución de 1991, se nutrió con el reconocimiento de la diversidad como esencia de nuestra nación, al declarar a Colombia como un país pluriétnico y multicultural, instalando un pluralismo que se extendió a la libertad de cultos y a la equidad de género.
La mayoría de los analistas, expertos en temas constitucionales, coinciden en que no es necesaria una nueva Asamblea Constituyente, sino que, en lugar de ello, lo que se requiere es cumplir a cabalidad el ordenamiento que ya tenemos. En otras palabras, la clave no es cambiar las reglas de juego, sino jugar con rectitud y eficacia, honrando el espíritu de una Carta que ya contiene las herramientas para la transformación.
En cualquier caso, a 35 años de su promulgación, la Constitución sigue siendo el derrotero de nuestro sistema democrático y la base sobre la que se levantan los valores nacionales, por lo que no hay espacio para el desencanto o el revisionismo, pues la historia nos ha dado una herramienta formidable que debemos utilizar con responsabilidad. El reto es mayúsculo, pero la oportunidad de consolidar una paz estable y una justicia social efectiva está a nuestro alcance.
La tarea de convertir en realidad las garantías constitucionales no termina con la firma de un documento, sino que se renueva cada día en la lucha contra la corrupción y la inequidad, razón por la cual este aniversario debe ser un aliciente para que los poderes públicos y la sociedad civil sumen esfuerzos en la construcción de un país más justo.
