La liquidación de Metrolínea debe implicar un severo llamado de atención para los responsables de la gestión pública en la región (....) La prioridad ahora debe ser la creación de un sistema de transporte público que realmente le sirva a la comunidad.
Publicado por: Editorial
La inminente liquidación de Metrolínea, el primer ente gestor de un sistema de transporte en Colombia que llega a este final, es el epitafio a un proyecto que nació con fallas estructurales y cuya gestión ha sido una cadena de fracasos. Desde su concepción, dicha empresa ha representado un gigantesco costo para el área metropolitana y ha dejado una nueva grieta en la reputación de la clase política regional, además de un deterioro significativo en la calidad de vida de sus ciudadanos.
Todo comenzó mal desde un comienzo, pues con Metrolínea prometieron un sistema de transporte masivo eficiente y moderno, pero la realidad resultó ser diametralmente opuesta, con errores en la planeación y demoras en la implementación. El proyecto ‘Papi Quiero Piña’ (PQP), por ejemplo, que era uno de los pilares más importantes del sistema, nunca se completó. La construcción del portal fue interrumpida por una acción popular y llevó a un costoso litigio y una condena a Metrolínea a pagar más de $144.000 millones, cifra que la empresa nunca pudo cubrir. Esta deuda, sumada a otras obligaciones, ha crecido hasta superar los $508.000 millones.
La puntada final fue el ofrecimiento de la Alcaldía de Bucaramanga a Estaciones Metrolínea de renegociar la deuda y reducirla a $15.300 millones, que fue rechazado, con lo que quedó sellado el destino del ente gestor.
No obstante, más allá de las deudas y los problemas financieros del sistema, la realidad es que el ente gestor nunca pudo cumplir esa promesa de un servicio de transporte rápido y eficiente. Las quejas frente a las frecuencias, el mal estado de las estaciones y buses y el escaso cubrimiento en ciertas zonas de la ciudad fueron la constante en estos años. Eso sin tener en cuenta que el Sitm no ha llegado a Girón y a duras penas alcanzó a cubrir el norte de Bucaramanga.
En ese sentido, los ciudadanos han sido testigos directos de una sucesión de promesas incumplidas y de gestiones ineficaces que han convertido el transporte público en una calamidad, con un sistema prácticamente inexistente y la incertidumbre sobre el futuro del servicio, mientras que los trabajadores de la empresa enfrentan la pérdida de sus empleos y derechos laborales.
La liquidación de Metrolínea debe implicar un severo llamado de atención para los responsables de la gestión pública en la región, para lo cual debe hacerse un análisis exhaustivo de los errores cometidos y adoptar medidas para evitar que futuros proyectos sufran el mismo destino. La prioridad debe ser la creación de un sistema de transporte que realmente le sirva a la comunidad, gestionado con transparencia y responsabilidad.
En última instancia, la saga de Metrolínea es una lección amarga de cómo la falta de previsión, transparencia y competencia pueden convertir una idea prometedora en un desastre costoso y perjudicial. El llamado a los nuevos alcaldes y mandatarios es a tomar las riendas de esta problemática y trabajar de forma articulada hacia soluciones sostenibles que restauren la confianza pública y garanticen un sistema de transporte eficiente y que responda a las necesidades de los habitantes del área metropolitana.
