Lo que más conviene a la justicia y al buen nombre del exgobernador Didier Tavera es que el caso llegue a un fallo definitivo en el que todas las conductas queden establecidas y que sobre ellas se pueda fallar concluyentemente la inocencia o la culpabilidad del acusado. Esa es la justicia que la sociedad merece.
Publicado por: Editorial
Si hay algo que haga tanto daño o más que la corrupción es la impunidad que, como consecuencia de la primera, suele acompañar a quienes, prevalidos del poder que algún cargo público les otorga, sumado a la lentitud, la laxitud moral o la proclividad del mismo sistema de justicia hacia la ilegalidad, arremeten contra las normas y contra los bienes y recursos del Estado, sobre la certeza de que, o nunca llegarán a los estrados, o si tal cosa ocurriera, tendrían lo necesario para salir airosos de sus delitos, bien por un fallo absolutorio o, en último caso, al operar una cadena interminable de aplazamientos hasta alcanzar el vencimiento de términos y la preclusión.
Ya no son decenas, sino centenares los casos que el país ha visto de servidores públicos o funcionarios de todos los niveles, no solo los más poderosos, que pervierten la justicia o simplemente se burlan de jueces que, aún cuando intentan cumplir su deber, se ven impelidos a tomar decisiones que, saben ellos, conducirán a los imputados no hacia la condena que merecen, sino hacia el terreno baldío de la impunidad.
Y en medio de estos dos protagonistas de esta historia, la justicia y los funcionarios, están los abogados, muchos de ellos, como muchos operadores de justicia, profesionales pulcros, pero algunos otros dedicados solamente a las artimañas y el engaño, para tejer leguleyadas y cubrir con mantos falaces a los culpables, hasta ponerlos fuera del alcance del mallete del juez que, al final de esa trama sinuosa y ladina, se queda sin dar el golpe final con el que sella simbólicamente su sentencia.
Ocurre por cientos, decíamos, y está ocurriendo en este momento, solo por poner un ejemplo, con el exgobernador de Santander Didier Tavera Amado, cuya presunción de inocencia debe mantenerse hasta tanto no haya un fallo que la derrumbe, pero quien, por acción de la Fiscalía ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, enfrenta desde hace un año una acusación formal por presuntas irregularidades contractuales en el PAE de 2016, en el que se le imputan delitos de peculado y contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Sin embargo, en lugar de que el exgobernador haya recibido el rechazo general frente a su conducta presumiblemente culpable y de que la justicia hubiera avanzado en su caso para determinar su responsabilidad, la opinión mira el proceso con desgano y, desde el pasado seis de febrero, cuando se celebró la primera audiencia pública de su caso, no se ha vuelto a tener noticia, por lo que comenzamos a preguntarnos si estamos nuevamente ante el mismo deplorable espectáculo de una anunciada impunidad.
Lo que más conviene a la justicia y al buen nombre del exgobernador Tavera Amado es que el caso llegue a un fallo definitivo en el que todas las conductas queden establecidas y que sobre ellas se pueda fallar concluyentemente la inocencia o la culpabilidad del acusado. Esa es la justicia que la sociedad merece y requiere en este y en todos los casos.
