Publicado por: Editorial
A pesar de que una sentencia judicial ordenó la clausura definitiva del relleno sanitario El Carrasco en septiembre de 2011, hoy, 14 años después, mil toneladas de basura siguen llegando cada día a ese destino, amenazando una emergencia tan posible que el juez 15 Administrativo de Bucaramanga ha dicho, una vez más, que el riesgo inminente de cierre no es un capricho legal, sino el último llamado de atención antes de una crisis de proporciones catastróficas.
A El Carrasco la justicia le impuso hace varios años unas condiciones de operación que no se cumplen: los sucesivos alcaldes de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca debían reducir hasta un máximo de 25.200 toneladas los residuos que mensualmente llegan al relleno, pero en agosto pasado depositaron 29.377 toneladas, evidenciando una falta de voluntad política que demuestra que los gobernantes han evadido su responsabilidad de aplicar soluciones estructurales y en lugar de eso, hemos visto durante década y media cómo se declaran emergencias sanitarias y se firman actas de intención que nunca se materializan en soluciones concretas.
Esto significa que las autoridades no quieren asumir la pérdida de votos o el desgaste de imagen que significa imponer sanciones a quienes no separan los residuos en la fuente o, sobre todo, correr con el descrédito que significa establecer un nuevo sitio de disposición final de residuos, algo que ningún municipio ha querido aceptar. Pero, en medio de esas peripecias políticas, crece la posibilidad de que El Carrasco tenga que cerrar sus puertas a comienzos de octubre por falta de convenios y recursos financieros, lo cual debería preocuparnos a todos.
Pero, en lugar de esto, indigna la indiferencia con la que los gobiernos del área miran la situación, pues, según los entendidos, son los alcaldes quienes están obligados a cumplir las órdenes judiciales y garantizar la adecuada gestión de los residuos, aunque lo que se ha visto es que los mandatarios siempre han privilegiado el cálculo personal sobre el bienestar de más de un millón de personas, a pesar de que su capacidad quede en entredicho y se haga ostensible su incumplimiento del mandato constitucional de proteger la salud pública y el medio ambiente.
El dos de octubre ante el juez 15 y varios organismos de control, los alcaldes metropolitanos deberán rendir cuentas, en la que podría ser la última oportunidad para evitar el cierre de El Carrasco, diligencia esta sobre la que no hay mucho optimismo pues los plazos y las condiciones siempre se han incumplido, sin importar que la emergencia que varios expertos han pronosticado se acerque cada día más.
Esta crisis representa una prueba definitiva para nuestra clase política y para nuestra sociedad, pues no puede permitirse que el bien común sea rehén de cálculos politiqueros y apetitos burocráticos. El costo de la inacción será demasiado alto para justificarlo con excusas triviales, anuncios distractores o fotografías de reuniones demagógicas e improductivas. El tiempo de las advertencias se agota, y con él, la paciencia de una región que exige soluciones definitivas.
