Publicado por: Editorial
La demora en intervenir el Anillo Vial que conecta a Girón con Floridablanca ha dejado centenares de víctimas entre heridos y muertos por accidentes viales, además de una incalculable cifra en pérdidas o menores utilidades para la gran cantidad de negocios e industrias que dependen de esta vía, sin que hasta ahora, ni una cosa ni la otra hayan logrado conmover suficientemente a los gobiernos metropolitanos, departamental o nacional, como para que actúen con la urgencia y determinación que se requiere.
En efecto, la Zona Franca y el conglomerado industrial allí asentado representan un pilar fundamental para la economía regional, pero su dinamismo se ve estrangulado por la congestión vehicular y la falta de infraestructura adecuada para el transporte de carga. Cada minuto de demora, cada recorrido de más en este corredor se traduce en pérdidas de competitividad y en un freno al desarrollo que no podemos seguir tolerando.
Pero más allá de las frías cifras económicas, está el drama humano de miles de personas que utilizan esta vía para desplazarse entre sus hogares y sus lugares de trabajo. La alta accidentalidad, con cifras de fallecidos que estremecen la conciencia, es el argumento más trágico y determinante para exigir la construcción de los retornos. La peligrosa práctica de cruzar los separadores, consecuencia directa de la ausencia de alternativas confiables, es una muestra de cómo la mala planificación vial incita a conductores desesperados a poner en juego sus vidas para ahorrar unos minutos y unos pesos en un trayecto que debería ser seguro y eficiente.
Resulta incomprensible que, existiendo estudios y diseños técnicos desde hace años, el proyecto siga en un limbo de indecisiones burocráticas, pues las alternativas administrativas están sobre la mesa y han sido analizadas y expuestas; se ha evaluado la posibilidad de proceder ya sea mediante una acción directa del Invías, una gestión conjunta con la Gobernación de Santander o la inclusión en el macroproyecto Vías de los Comuneros, lo que demuestra que lo que falta no son opciones, sino la voluntad política para materializarlas.
Ahora bien, la reciente confirmación de que el convenio Los Comuneros se encuentra suspendido por “razones presupuestales” es un golpe durísimo para las esperanzas de la región, pero no puede ser una excusa para la parálisis total. La Gobernación debe evaluar los estudios recibidos y explorar todas las alternativas posibles, incluyendo la opción de un retorno elevado que podría ser más eficiente a largo plazo; en cualquier caso, es necesario que las autoridades locales y nacionales comprendan que esta obra no es un capricho, sino una obligación para garantizar la vida, la movilidad y el desarrollo regional.
La combinación mortal de huecos en el pavimento, oscuridad y falta de retornos ha creado las condiciones para que las tragedias se repitan en un ciclo nefasto de luto y dolor, que no se rompe con mantenimientos superficiales y estrategias pasajeras que no logran ni acercarse a un problema estructural que requiere una intervención de fondo que garantice el tránsito eficiente y seguro por el mayor tiempo posible.
