Publicado por: Editorial
Mientras las horas pico se alargan hasta lo insoportable y el desespero de conductores y peatones se convierte en una constante, las obras en la calle 37, la calle 36 y en los alrededores del Paseo España siguen sin concluir. Esta intervención se ha convertido en una pesadilla sin fin, aunque, en realidad, no es un hecho atípico sino, por el contrario, es la expresión de una falla recurrente de las administraciones locales en su obligación de proteger a los ciudadanos de los perjuicios de una ejecución deficiente.
Lo que vivimos desde hace un tiempo largo en Bucaramanga es la paradoja de que los vecinos de una obra pública se convierten en damnificados antes que en beneficiarios de la misma, pues los tiempos en los que se consideraba que una obra pública en la cercanía de una comunidad, valorizaba sus propiedades y mejoraba su entorno, parece que han terminado y hoy la gente siente que si comienza una obra pública en su vecindario, sus predios se desvalorizan, los comercios se quiebran y la calidad de vida se va a pique.
Esto ocurre porque el área de trabajo se convierte en una zona de desastre, no durante semanas o meses, sino durante años, como ocurrió con la renovación del centro hace muy poco tiempo o como ocurre hoy con el Paseo España, donde desde mediados de 2025, cierres totales y parciales en la carrera 26 y las calles 36 y 37 mantienen arruinada la movilidad del sector, porque lo que se anunció como una medida temporal que se extendería hasta septiembre, se ha perpetuado, evidenciando la mala planificación.
De ahí que cualquier intervención de cierta envergadura en un barrio, hoy ya no es recibida con esperanza o con la certeza de que el desarrollo llega para mejorar las condiciones del lugar. Hoy, los vecinos de una obra pública se llenan de zozobra porque no pueden estar seguros de cuántos problemas tendrán que enfrentar y por cuánto tiempo. Esta percepción generalizada de abandono y perjuicio mina cada vez más la confianza en las instituciones y en la propia noción de bien común.
Lo que esto nos indica es la necesidad de una reforma seria en la ejecución de obras públicas, con una planificación realista, transparente y técnicamente impecable, contemplando desde el inicio los impactos reales sobre la movilidad y la vida comunitaria. Las cláusulas de cumplimiento deben ejecutarse con la severidad que merecen, pues la autoridad administrativa debe asumir con seriedad su función como garante de los intereses de la ciudadanía, aplicando multas y sanciones que protejan el erario y el bienestar de los bumangueses.
Desde hace ya un buen tiempo debe oírse a la ciudadanía que ante esta realidad exige obras que construyan futuro sin destruir el presente; que las obras públicas se planifiquen con rigor y se ejecuten con celeridad y respeto; que los presupuestos y los tiempos se cumplan. En pocas palabras, que el desarrollo urbano no sea sinónimo de castigo, sino de una auténtica mejora en la calidad de vida para todos.
