Publicado por: Editorial
La reciente alerta emitida por la Sociedad Interamericana de Prensa sobre la situación de Honduras no puede pasar inadvertida, sobre todo para un medio que, como Vanguardia, ha defendido siempre, sin temores y sin esguinces, la libertad de prensa en toda su soberana comprensión. En Honduras está dándose un clima de hostigamiento sistemático que amenaza directamente la independencia de la prensa y, con ello, la salud democrática de un país que se prepara para unas elecciones generales decisivas. Cuando la SIP advierte, la prensa libre del continente atiende, como debe ser cuando los abusos son innegables.
Las denuncias apuntan a que altos mandos de las Fuerzas Armadas han emprendido una peligrosa campaña de deslegitimación contra periodistas y medios, acusándolos de actuar con intenciones ocultas o de protagonizar “campañas disfrazadas de cobertura”, lo que es un discurso que crea un ambiente de sospecha, propicia la intimidación a los comunicadores, además de que erosiona la confianza en el periodismo y bien claro está que una sociedad no puede permitir que quienes deben garantizar neutralidad institucional usen su autoridad para estigmatizar a quienes informan.
A esto se suma el acoso judicial, una estrategia cada vez más usada para amordazar la investigación periodística y obligar a los reporteros a revelar fuentes, un pilar intocable de la libertad de prensa. Exigir la entrega de información confidencial vulnera derechos fundamentales y expone a quienes colaboran con los medios en casos de corrupción, abuso o irregularidades. La libertad de prensa no existe donde los periodistas deben elegir entre su seguridad y su compromiso profesional.
Además, la SIP ha advertido que en Honduras los mecanismos de protección no están operando y que la violencia contra periodistas se investiga tarde o nunca se hace y esto en un contexto electoral, adquiere un sentido aún más alarmante, pues los reporteros que hoy cubren el proceso democrático lo hacen con el peso de la inseguridad y la desprotección, mientras el Estado parece más dispuesto a cuestionarlos que a protegerlos.
Respaldamos el pronunciamiento de la SIP no como un gesto simbólico, sino como un deber ético y político al que este diario siempre ha respondido con determinación, pues cuando una democracia tolera, o incluso promueve, la intimidación del periodismo, abre paso a los abusos del poder. Defender a los periodistas hondureños es defender el derecho de toda la ciudadanía a conocer la verdad, a cuestionar a los gobiernos y a votar informada. Ningún país puede llamarse democrático si quienes cuentan lo que ocurre son perseguidos, señalados o reducidos al silencio.
Por esto, es indispensable exigir al Estado hondureño que garantice plenamente la integridad, la vida y el trabajo de los periodistas. Las elecciones no pueden realizarse en un ambiente donde el miedo suplanta la autonomía informativa, ni donde la crítica se castiga como si fuera una amenaza. El futuro de Honduras depende, como en todos nuestros países, de que la libertad de prensa sea respetada con rigor absoluto y el continente entero debe acompañar esta exigencia, con firmeza, sin ambigüedades y sin demora.
