Publicado por: Editorial
Santander ocupa el cuarto lugar en explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Colombia, con 1.079 casos denunciados en la última década. Pero esos números, sin duda estremecedores, esconden un subregistro masivo que es un reino en el que la impunidad campea y las barreras para denunciar siguen siendo infranqueables, mientras el silencio de una sociedad alimenta este negocio atroz.
Esta, lamentablemente, es una realidad cotidiana que corrompe el tejido social santandereano, en el que la pobreza, las relaciones asimétricas de género, el conflicto armado y el trabajo infantil, entre otras circunstancias, son causas del fenómeno, pero también lo es la indiferencia generalizada que, algunas veces, se da en personas que creen que este tipo de violencia simplemente es una parte inmodificable de nuestra realidad o de nuestra identidad.
El santandereano se precia de su franqueza y su coraje, pero esas, que ciertamente son virtudes, se han deformado hasta convertirse en intolerancia y violencia, pues confundimos decir las cosas de frente con agredir y defender lo propio con atropellar al otro; es decir, hemos aceptado como legítima la brutalidad contra los más débiles, porque no es valiente quien maltrata a un menor, ni quien calla ante la explotación. Urge desmontar ese paradigma nefasto desde la raíz, y la raíz está en la educación.
Desde las aulas y la primera infancia debemos enseñar que la firmeza no es violencia, que la honestidad no es agresión, que proteger a un niño no es debilidad, sino la máxima expresión de la hombría o la feminidad bien entendidas. Los colegios tienen la responsabilidad de fijar valores de solidaridad, denuncia activa y rechazo frontal a cualquier forma de abuso, por medio de un currículo que erradique esa nefasta exaltación del carácter violento como mérito de la santandereanidad.
Pero la educación sola es insuficiente si el Estado no interviene con firmeza, instalando, por ejemplo, líneas de atención permanentes, accesibles y confiables; implementando protocolos de protección efectiva para los denunciantes, porque el miedo a represalias es real y paralizante; hacen falta también controles rigurosos en hoteles, bares y zonas turísticas, y sanciones ejemplares contra los explotadores y sus redes. La ley debe caer con todo su peso sobre quienes convierten a nuestros niños en mercancía.
El Estado tiene el deber de prevenir, no solo de reaccionar, pues no podemos esperar a que el daño esté hecho para actuar, y es por esto por lo que se requieren políticas públicas con presupuesto real, sobre todo porque la protección de la infancia debe ser una política de Estado que vaya más allá de los períodos gubernamentales e incluso más allá de las mismas instituciones.
Por eso queremos llamar directamente la atención de nuestros lectores para que, si alguno de ellos conoce un caso, si escucha un rumor fundado, si ve algo sospechoso, actúe y denuncie a la línea 141 del ICBF, a la Fiscalía, a la Personería. Esa acción es la que puede romper la impunidad y salvar vidas.
Esa valentía de la que se precia el santandereano debe operar, no para casar peleas en las esquinas, sino, en el tema que estamos tratando, para defender al que no tiene voz; ser franco en este caso es no temer en la decisión de denunciar, pues la aberrante explotación infantil puede estar ocurriendo en nuestro propio entorno.
